Cristina / ERA-Sevilla
El pasado 15 de Diciembre se celebró en Sevilla una manifestación contra el recorte de libertades y la Ordenanza “Cívica” que pretende aprobar el Ayuntamiento de Sevilla en los próximos meses. Esta manifestación se ha sido el pistoletazo de salida de una campaña contra esta ordenanza. Convocada por la Asamblea de Espacios públicos y apoyada por el Foro Social de Sevilla y una amplia lista de organizaciones, sindicatos y colectivos que reunieron a más de quinientas personas que recorrieron las principales calles de la ciudad, denunciando el aumento de la presencia y represión policial y el recorte de libertades que supone dicha ordenanza enmarcada en la ley autonómica “antireunión”, con gritos como “la calle es de todos no de unos pocos”, “esta ordenanza la vamos a parar”, “no van a lograr que salgamos a la calle sólo a comprar”, “No pararemos, la calle tomaremos”, “En la Zarzuela pondremos una escuela, en la Catedral un Centro Social y en el Ayuntamiento una sala de conciertos” y algunos no tan nuevos como “lo llaman democracia y no lo es”, “Todo es nuestro nada es de ellos…”
Además del equipo de sound-system de la Asamblea de Espacios públicos, el cortejo de ERA fue uno de los más animados, acompañados por los tambores de la CNT. Al finalizar la manifestación en la plaza del Ayuntamiento varios compañeros del Foro y de la Asamblea leyeron un comunicado y animaron a participar en la campaña anti ordenanza, dando sus frutos esta convocatoria, asistiendo ayer a la asamblea una treintena de personas, asociaciones de vecinos y chavales jóvenes de diferentes barrios.
Hay convocadas mesas informativas en las próximas semanas y se ha previsto convocar otra manifestación en vistas de la aprobación en el pleno en Enero.
Comunicado del ERA-EA
NO AL RECORTE DE LIBERTADES
NO A LA ORDENANZA ¿CÍVICA?
Desde fines de los años noventa un conjunto de medidas han servido para establecer los fundamentos sobre los que se construye un nuevo orden del derecho a escala internacional y estatal, estamos ante la consolidación de unos omnipresentes Estados policiales. Probablemente nadie sepa que nuestros Estados Europeos aceptaron medidas “tan democráticas” como que servicios secretos extranjeros pueden vigilar a cualquier ciudadano europeo en su propio país, puede ser calificado de “combatiente enemigo”, ser entregado a torturadores de la CIA y ser juzgado por comisiones militares estadounidenses...
No hay duda de que el proceso vive una fuerte aceleración. Ahora le toca el turno a lo local; en el último año las autoridades locales están ejerciendo un duro control en los espacios públicos y sobre las libertades y derechos de las personas a través de las actuaciones represivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Primero fue la Ley “Antireunión”, que con la excusa de solucionar un conflicto como el del botellón, producido por la actitud de una minoría, al final es a TODOS a quien se nos ha restringido nuestro legítimo derecho a usar la calle. Por la ambigüedad de la redacción de esta Ley, se le ha otorgado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el papel de juez, de interpretación de la letra de la ley, dando cobertura a todo tipo de abusos de poder y violaciones de derechos fundamentales, lo que nos deja a todos en una completa situación de indefensión, vulnerando principios fundamentales de este supuesto Estado de Derecho, todo ello con el silencio y la complicidad de los medios de comunicación y las instituciones.
Por si fuera poco, el pasado 15 de Marzo el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó con carácter inicial una ordenanza municipal de “Medidas para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos de Sevilla”. Bajo este epígrafe se condensa la norma que va a regir en adelante la convivencia ciudadana en Sevilla, norma que ha sido pactada por el Ayuntamiento de Progreso de esta ciudad, PSOE e Izquierda Unida. Estas ordenanzas municipales atacan principios básicos y recortan derechos democráticos, conquistados en distintas luchas, de los ciudadanos, de los trabajadores y de organizaciones políticas o sindicales, asociaciones culturales o vecinales y movimientos sociales.
Así, el derecho de reunión y manifestación se ve menoscabado, ya que en el artículo 13 aparece que el Ayuntamiento podrá imponer fianzas a cualquier colectivo o grupo de personas que deseen realizar un acto, cultural, político o festivo, en la vía pública si el Ayuntamiento prevé que se realizarán destrozos o que se ensuciará la vía pública. La fianza serviría para pagar los servicios de limpieza o arreglo, olvidando que estos servicios al ser públicos garantizan el uso colectivo de las calles. Además, esta norma discrimina y prohíbe a colectivos, personas u organizaciones poder manifestarse o reunirse de manera libre y democrática, ya que son los recursos económicos los que permiten o no la realización de cualquier tipo de manifestación pública. También la ordenanza dispone que las fuerzas municipales de orden público pueden retirar carteles, pancartas, banderas de manera “preventiva” si el agente cree que se va a realizar una concentración o manifestación “ilegal” o que la realización de ese acto va provocar suciedad. La decisión queda al arbitrio del agente, con lo que puede negar la realización de un acto sino lo cree conveniente o “decente”. Esto si que es un verdadera “patada” a la convivencia ciudadana, que es el supuesto que quiere garantizar la ordenanza.
Las ordenanzas también recortan el derecho de libre expresión al prohibir la difusión de ideas o convocatorias mediante carteles, pegatinas, pancartas, panfletos… tanto en sitios públicos no habilitados para ello, como en sitios privados porque ensucian la ciudad. Quedará prohibido en la práctica, bajo multas de 750€, el derecho de todo ciudadano a poder expresar sus ideas de manera libre y democrática, a no ser que seas un gran partido político o una gran empresa que tiene el suficiente dinero para poder pagar los espacios publicitarios. ¿Cómo va a poder la gente hacer llegar sus reivindicaciones a los poderes estatales o realizar una manifestación para luchar por sus derechos, o un acto social sino se puede anunciar de ninguna manera?
Lógicamente, el recorte de libertades que se deriva de estas ordenanzas no es por la suciedad o la convivencia. La lógica es otra. Tratan de reprimir y desmovilizar a la población a través de imponer fianzas, multas por manifestarse, reunirse colectivamente o pegar carteles para anunciar algo. Es una guerra “preventiva” del poder político capitalista y neoliberal contra todo aquello que pueda significar una lucha contra ese poder…
Por todo ello, Espacio Revolucionario Andaluz llama a toda la ciudadanía, a los trabajadores, sindicatos, organizaciones políticas, asociaciones culturales o vecinales a protestar y a combatir estas ordenanzas que nos tratan de imponer las dos lógicas políticas de la globalización neoliberal en este sistema capitalista: la primera es la del mercado, todo servicio o bien público puede ser objeto de mercancía y con posibilidad de convertirlo en negocio, con la consiguiente carga económica sobre los trabajadores para sufragar estos bienes, precarizando aún más la vida de estos… Y la segunda es la de la represión política a los movimientos sociales y organizaciones políticas tratando de que no se pueda articular una respuesta necesaria a este sistema que impone las políticas neoliberales.
Debemos, pues, rebelarnos contra estas ordenanzas neoliberales que atacan derechos democráticos conquistados por todos y que hacen de los espacios públicos sitios de consumo y especulación, porque en estas democracias de papel, cada vez que los gobiernos han aprobado medidas favorables a los ciudadanos, lo han hecho porque había una relación de fuerzas que los ha obligado a hacerlo: La democracia se conquista cada día, nunca es concedida.
POR TODO ELLO DECIMOS:
NO AL RECORTE DE LIBERTADES
NO A LA ORDENANZA ¿CÍVICA?