La ordenanza “cívica” del gobierno PSOE-IU del Ayuntamiento de Sevilla, un paso más en el recorte de libertades y derechos

Desde hace unos años un nuevo orden del derecho a escala internacional y estatal está estableciendo la consolidación de omnipresentes Estados policiales. Con la excusa de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, se imponen modelos cuyo objetivo real no es otro que la persecución y criminalización de toda disidencia para asegurar la continuidad desl sistema y proteger los intereses de los más privilegiados.

En esta lógica, el gobierno municipal de Sevilla, conformado por la coalición PSOE-IU, está ejerciendo en el último año un duro control sobre los espacios públicos, mermando las libertades y derechos de las personas a través de las actuaciones represivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Primero fue la Ley “Anti-reunión”, de ámbito autonómico, que con la excusa de solucionar el supuesto “conflicto del botellón”, restringe nuestro legítimo derecho a usar la calle. Esta ley da cobertura a todo tipo de abusos de poder, vulnerando principios y libertades fundamentales de este supuesto Estado de Derecho, todo ello con el silencio y la complicidad de los medios de comunicación y las instituciones. En la misma línea y para no ser menos que la Junta de Andalucía y otros ayuntamientos (por cierto en muchos de los casos gobernados por el PSOE y otros fuerzas que se reclaman de izquierdas), el Ayuntamiento de Sevilla el pasado 15 de Marzo aprobó con carácter inicial una ordenanza municipal de “Medidas para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos de Sevilla”. Bajo este epígrafe se condensan unas ordenanzas municipales que atacan y recortan derechos democráticos conquistados por los ciudadanos y los trabajadores, las organizaciones políticas y sindicales, asociaciones vecinales, movimientos sociales...

Ante esta amenaza represiva, se inicia una campaña para exigir la retirada de la ordenanza con la recogida de alegaciones contra el mismo. Se presentan más de dos mil alegaciones de asociaciones, sindicatos, organizaciones políticas, culturales y sociales…así como personas a título individual. Paralelamente, se desarrolla todo un trabajo de información y concienciación a través de charlas en centros cívicos, universidades,… mesas informativas, actos de desobediencia activa a los principios de la norma, espectáculos reivindicativos… y como colofón una manifestación que recorrió las calles de la ciudad el pasado 15 de diciembre.

La presión popular ha obligado al Ayuntamiento a reunirse con los movimientos sociales que han organizado las movilizaciones. Ahora quieren hacer creer que suavizarán la ordenanza para desactivar la lucha, y poder así presentarse ante la ciudadanía con su manida máscara progresista que ya no engaña a quienes una y otra vez han visto frustradas sus expectativas respecto a los partidos y organizaciones de la izquierda parlamentaria. Esto no impide que al mismo tiempo se hagan también concesiones a la derecha más reaccionaria, prometiendo recoger las enmiendas hechas por ésta en materia de prostitución y marginalidad.

La maniobra ha dado sus frutos y parte de la vanguardia más activa en la lucha, ha confiado en las promesas del gobierno municipal, lo que puede llevar a rebajar el nivel de las reivindicaciones y desactivar la lucha. Desde Espacio Revolucionario Andaluz, creemos firmemente que lejos de esto, es más que nunca necesario mantener e incluso intensificar la presión social contra una ordenanza que cubre de vergüenza al mal llamado gobierno de progreso. Si consentimos que esta norma llegue a imponerse, estaremos dando un paso atrás en el camino hacia una sociedad más justa y libre.