El Parque de ocio de Arlanzón, que pasó de 400 a 640 chalets, junto con campo de golf, campo de tiro, y hotel de lujo en un robledal protegido, ya tiene declaración de impacto ambiental, que era su escollo técnico más complicado.
Pero no solo es un problema de índole técnica jurídica o ambiental, sino sobre todo ética y política. Ni la economía ni la democracia podrán funcionar medianamente bien hasta que no extirpemos este cáncer que corroe hasta nuestra propia conciencia.
El modelo urbanístico de chalets, adosados y urbanizaciones en el medio rural es reflejo de una sociedad individualista, ya que por su propia naturaleza favorece el aislamiento y la incomunicación.
Todo esto forma parte de una epidemia “ladrillil” que invade todo el Estado español desde la costa al interior, El Estado vive preso de la especulación urbanística.
Es evidente que la economía del ladrillo tiene muchas ramificaciones a veces interrelacionadas (corrupción de ayuntamientos, clubes de fútbol, blanqueo de dinero negro, evasión de impuestos, etc.)
No tiene sentido que en el Estado español se construyeran sólo en 2006 1.500.000 de viviendas nuevas, cifra que supone el total de las construidas en Francia, Alemania e Italia juntas.
La Unión Europea y varios organismos económicos dependientes de la ONU, alertaron ya en agosto del 2006 de las consecuencias nefastas que podría traer a medio y largo plazo una economía basada en el ladrillo y en la burbuja inmobiliaria, y la realidad actual les va dando la razón; se percibe crisis económica, carestía de la vida, aumento del paro, crisis inmobiliaria, etc. Esta es la prueba evidente de que la economía de un país no se puede basar en la construcción, ya que esta constituye una gran burbuja, que nada tienen que ver con la economía real productiva del país.