Declaración de Espacio Alternativo
La inmigración ha irrumpido en el debate electoral después de que Rajoy recibiera el apoyo de Merkel y Sarkozy para incorporarse a la ofensiva securitaria desatada por la derecha en toda la UE. Le habían precedido algunas perlas como las declaraciones de Durán Lleida y las del portavoz de la CPE, el del montaje con TeleMadrid para denunciar el pretendido coladero de inmigrantes ilegales en el aeropuerto de Barajas.
No estamos solo en presencia de un estallido xenófobo de la derecha y los sectores más reaccionarios de la sociedad española. Se trata de la avanzadilla de un vasto movimiento sobre cuyos ejes fundamentales existe acuerdo entre populares y socialistas tanto en el ámbito de la UE como en el del estado español (aunque en este último no se manifieste por el calendario electoral) y cuya más clara expresión es la llamada Directiva Retorno que puede ser aprobada en el próximo mes de mayo.
Esta Directiva que arranca del “Libro verde relativo a una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales” presentada por la Comisión en abril del 2002, tiene por objeto el establecimiento de procedimientos y normas comunes a aplicar en los Estados miembros para el retorno de inmigrantes que se encuentren ilegalmente en su territorio. Dicho de forma más clara, mejorar la eficacia en los procedimientos de expulsión.
Tras su paso por el Parlamento Europeo (por estar sometida su aprobación al procedimiento de codecisión) y a pesar de las propuestas de diversas entidades de carácter humanitario ,la Directiva mantiene y, en materia de internamiento endurece, sus rasgos represivos que resumimos a continuación:
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Protecciones legales muy escasas contra el alejamiento.
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Desmesurada duración de las detenciones que pueden llegar hasta los 18 meses (en España el período máximo es de 40 días), dejando abierta la puerta a internamientos administrativos sobre poblaciones “indeseables”.
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Una pena sistemática de prohibición de acceso al territorio europeo.
En resumen, esta directiva abre la vía a la generalización de una política de internamiento de la población inmigrante con un doble propósito:
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Intensificar la presión sobre esta población para producir vulnerabilidad e irregularidad, dos condiciones de existencia de una reserva de mano de obra (aún más) barata, muy útil para mejorar la competitividad del capitalismo europeo en las condiciones de crisis económica en la que estamos entrando.
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Acentuar los mecanismos de control sobre las llamadas “poblaciones peligrosas”, de acuerdo con la inspiración ideológica del choque de civilizaciones desde la que la derecha política ha pretendido enfrentarse a la crisis global del sistema producida por la profunda crisis económica, militar y política de su potencia dominante.
Hemos tenido ocasión de contemplar une ejemplo de este posicionamiento de toda la derecha con la proposición de ley contra la inmigración clandestina pendiente de su tramitación en el Congreso de los Diputados y en la que se opera un aumento de las restricciones a los derechos de los inmigrantes en materia de reagrupamiento familiar, la prohibición de inscripción en el padrón municipal ó el establecimiento de los juzgados especiales de extranjería.
El gobierno también ha puesto su granito de arena con la aprobación de un Protocolo de Repatriaciones impuesto por los sectores más gremiales y reaccionarios de la policía con el que se legaliza de facto y sin control judicial efectivo las más crueles y vejatorias prácticas contra los derechos y la integridad física de los inmigrantes repatriados. Todas estas medidas en un entorno mediático-en el que destacan la COPE y TeleMadrid- que día tras día machaca con un discurso en el que se mezclan imágenes distorsionadas del inmigrante que quita puestos de trabajo, que se beneficia y abusa de los servicios y prestaciones públicas, que impone costumbres y expresiones molestas y ruidosas, responsable del aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana y (en las expresiones más delirantes) que puede albergar propósitos terroristas. Las recientes declaraciones sobre el velo ó las “costumbres españolas” (¿), si no tuviera efectos tan graves, serían sencillamente esperpénticas.
Se explica, en este contexto, que un 56% de los preguntados en una reciente encuesta apoyen la propuesta de un “contrato de integración” ante el que, una vez más, se equivoca la izquierda sistémica discutiendo sus condiciones técnicas de viabilidad. Ante el perceptible temor de amplios sectores de la población nativa por los cada vez más claros indicios de crisis económica y ausente una perspectiva política que indique una forma de superarla distribuyendo las cargas resultantes de forma no tan injusta como postula la derecha y el social liberalismo, estos sectores se vuelven contra la población inmigrante aunque sean conscientes de su indispensable contribución a la situación de prosperidad relativa de la última década.
La derecha política pretende utilizar a los sectores asalariados que más duramente pueden sentir el impacto de la crisis económica que se avecina como base social y fuerza de choque de la ofensiva reaccionaria que prepara contra los derechos de los inmigrantes. Ningún beneficio pueden esperar estos sectores de su participación en esa “cruzada”. Es esa una auténtica guerra contra los pobres en la que la demagogia xenófoba y nacionalista se va a utilizar para azuzar a los pobres entre sí,buscando impedir la posibilidad histórica de un bloque social desde el que discutir cin el bloque dominante los escenarios de futuro.
La izquierda sistémica parece incapaz de postular la perspectiva política para abordar la construcción de ese bloque histórico. Es incapaz de superar la lógica de la “gestión de los flujos migratorios” que convierte a al población inmigrante en simple variable de ajuste del llamado “mercado de trabajo” . Cuando alcanza el gobierno, presa de esa lógica,intenta suavizar los efectos de esa política de gestión de flujos mediante la aplicación de rimbombantes planes de integración cuya eficacia está pendiente de demostrar después de más de diez años de teórico funcionamiento.
Los ideólogos del neoliberalismo no se cansan de denunciar las pretendidas rigideces de los mercados de trabajo y la imperiosa necesidad de implantar la total flexibilidad en los mismos pero no se les ha oído comentario alguno sobre las crecientes restricciones de los Estados –estén gobernados por la izquierda ó la derecha del sistema-a la libre circulación de las personas en el ejercicio del fundamental derecho a emigrar consagrado en el Derecho Internacional.
Como a lo largo de su dilatada y terrible historia, el capitalismo hace descansar el ejercicio de la libertad de contratar de los trabajadores sobre una política de control de poblaciones que incorpora las peores experiencias de los regímenes racistas y genocidas ,desde el corsariaje que practican los fuerzas armadas en aguas internacionales para impedir el derecho de emigración hasta el encierro generalizado de poblaciones en la infame red de centros de internamiento que se extienden por dentro y por fuera del territorio de la UE.
En diversos países de la UE se extiende la resistencia a esta vuelta del capital y los Estados a sus páginas más vergonzosas. No para reivindicar el regreso de una pretendida “edad de oro” del capitalismo del bienestar sino para avanzar en la senda de ese “otro mundo posible” que el Foro Social Mundial el pasado 26 de Enero ha vuelto a reivindicar
22 de febrero de 2008