El debate sobre la ley del aborto vigente en el Estado español se ha vuelto a abrir en estos últimos meses. La ley actual, aprobada en el año 1985, deja en manos de los médicos la autorización de esta práctica. Pero los médicos se sienten desprotegidos por la ley, sobretodo después de la escalada represiva que se ha desencadenado sobre clínicas privadas.

Los tres supuestos

Según el código penal vigente, abortar es un delito, pero es lícito si se practica en uno de los tres supuestos siguientes: antes de las primeras doce semanas de gestación, si la gestación es consecuencia de una violación denunciada; antes de las veintidós primeras semanas de gestación, en caso de malformación grave del feto; o sin límite temporal, si hay peligro psíquico o físico para la madre.

Los médicos, intérpretes de la ley

La mayor parte de las interrupciones  se realizan bajo el tercer supuesto de la ley (según los datos de Sanidad, el 96,68%). Pero este supuesto es poco concreto, y los responsables de interpretarlo y de valorarlo son los médicos. Por miedo de ser denunciados, muchos médicos invocan la cláusula de conciencia, que los exime de practicar abortos. Una buena parte de los médicos se sienten indefensos, y jurídicamente se encuentran más protegidos en las clínicas privadas, aunque la ley, en principio, garantice la posibilidad de practicar los mismos abortos dentro la red de la salud pública. Esto hace que el 97,49% de los abortos se lleven a cabo a clínicas privadas, pero también que las asociaciones feministas denuncien la hipocresía del sistema, a la vista de que el mismo médico que se niega a practicar un aborto dentro la red pública, puede avenirse a practicarlo en una clínica privada.

Las mujeres ven peligrar sus derechos

A raíz de las recientes actuaciones y manifestaciones de grupos antiabortistas, de la actitud beligerante de la Iglesia Católica y de las detenciones realizadas en clínicas privadas, los grupos feministas han reivindicado  que el aborto se despenalice totalmente y que sea un derecho libre y gratuito. Como denunciaban las organizaciones feministas convocantes el 20 de febrero pasado en Madrid: "Vemos en la persecución judicial y mediática que han sufrido [las mujeres que han ejercido su derecho al aborto], un ataque a todas las mujeres, una amenaza al derecho a decidir de las mujeres. Estos hechos, así como otras actuaciones judiciales, las amenazas que sufren las mujeres por parte de las organizaciones anti-elección, las agresiones tanto físicas como verbales a las y los profesionales de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, responden a una violenta campaña orquestada por sectores ultraconservadores y fundamentalistas religiosos. No han dudado para ello en utilizar la intimidación, la violencia, la mentira y el insulto, todo para intentar imponer su modelo de familia que conculca la libertad de las mujeres y se basa en el control de su sexualidad. Lo ocurrido exige una respuesta contundente e inmediata que acabe con la INDEFENSIÓN E INSEGURIDAD JURÍDICA a la que todas las mujeres podemos vernos abocadas."