Javier Cordón

El gobierno del PP de la Comunidad de Madrid quiere una santidad privatizada y llena de restricciones de carácter reaccionario. Está abriendo hospitales construidos por empresas privadas que los explotarán, según los casos,  en parte o en su totalidad, y proyecta cerrar hospitales públicos y reducir camas. El resultado de esta operación será que en los próximos años habrá menos camas en la Comunidad y de éstas la mayoría serán camas privadas: se crean 1350 camas público-privadas y privadas y se prevé el cierre de unas 2000 públicas. Por tanto, habrá una importante reducción de plantillas y de empleo público y la calidad asistencial seguirá deteriorándose. El PP además criminaliza el aborto y los cuidados paliativos, dificulta el cambio de sexo y la asistencia sanitaria a inmigrantes.

La izquierda institucional y los sindicatos mayoritarios se han subordinado en la práctica a la privatización y han dado una respuesta timorata a la criminalización del aborto o a la agresión al hospital de Leganés. Con ello han dificultado que se produjese una respuesta social significativa. Pero la intensificación de los ataques, junto a la actividad desarrollada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y por otros colectivos profesionales, sindicales, feministas y sociales han hecho que la protesta tome una línea ascendente: 23 de enero concentración de 3000 personas por el derecho al aborto; 7 de febrero concentración contra la privatización (4000 personas); 14 de febrero manifestación de 11000 personas en Leganés; nueva manifestación convocada para el próximo día 19.

Si la movilización sigue intensificándose terminará arrastrando a las organizaciones, lo que sería muy positivo. Pero dicha movilización no resolverá las carencias de éstas: sus lazos con el sistema son muy profundos y su institucionalización y burocratización muy consolidada. Como la experiencia demuestra (lucha contra las Fundaciones o contra la Ley de Ordenación de la Sanidad Pública Madrileña), en cuanto dejan de sufrir la presión vuelven a las andadas.

La lucha consecuente contra la privatización requiere desvelar sus mecanismos y consecuencias y a la vez propugnar un modelo alternativo: un servicio de salud que de prioridad a la prevención; con financiación suficiente, a través de impuestos directos en función de la riqueza; gestionado total y directamente por la administración y controlado por las organizaciones sociales; sin discriminación para inmigrantes y que reconozca, entre otros, el derecho al aborto libre, a la muerte digna y a la eutanasia. Y ello hace necesaria la existencia y fortalecimiento de organizaciones que pongan las necesidades sociales por encima del beneficio económico; que busquen la participación ciudadana más allá de un voto cada cierto tiempo y que propugnen la movilización frente al pacto social con la patronal, la derecha y la iglesia.