Miguel Urbán
En los últimos meses ha irrumpido en la prensa la problemática de la carestía de la vida como si se tratara de un fenómeno nuevo. Sería interesante recordar como no hace tanto tiempo, por el año 1977, más de medio millón de personas se manifestaron en Madrid contra la carestía de la vida, el paro y los expedientes de crisis, en lo que fue una de las movilizaciones más masivas de la transición.
Treinta años después, al calor del clima electoral y la borrasca aparente de crisis económica, este tema, que hasta hace poco parecía estar ausente de la agenda social y política, vuelve a recobrar una inusitada actualidad entre la opinión pública.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de la carestía de la vida? Realmente, éste es un concepto muy amplio. De hecho, cuando buscamos la palabra carestía en el diccionario encontramos que proviene de la palabra latina caristia, que significa banquete familiar pero comúnmente asociado al verbo carēre –carecer- lo cual nos aporta un significante distinto.
Actualmente tiene dos definiciones básicas: “falta o escasez de algo” y “precio alto de las cosas de uso común”. En principio la carestía de la vida se podría definir como un fenómeno fundamentalmente monetario, en el que el ritmo de crecimiento de la renta dineraria de la población, especialmente de la clase obrera, es significativamente menor que el aumento de los precios de los bienes de primera necesidad, (alimentación, transporte, vivienda, etc). Esto supone una transferencia de riqueza de los sectores de población cuyos ingresos proceden esencialmente de las rentas del trabajo hacia los poseedores de capital, por la vía del aumento de los márgenes de beneficio y de la participación de las rentas de capital en el PIB.
En este sentido, a lo largo de este artículo intentaremos señalar con brocha gorda los principales aspectos que actualmente vertebran la carestía de la vida, un conjunto de factores del ámbito de las necesidades y de las formas de satisfacerlas. En el caso del Estado español existen dos factores que agravan las consecuencias de este fenómeno en el nivel de vida de los trabajadores; en primer lugar, el aumento desaforado en los últimos años del precio de la vivienda, que ha provocado un importante endeudamiento de las unidades familiares, especialmente de la juventud; en segundo lugar habría que resaltar el escaso desarrollo y dotación económica del conjunto de las prestaciones sociales públicas (sanidad, educación, pensiones, etc).
Por lo tanto, propongo que cuando hablemos de carestía de la vida, analicemos este concepto en un contexto de desigualdad institucionalizada en el reconocimiento, el acceso y el ejercicio de derechos, lo que supone, la imposibilidad real de disponer de un modo sostenido de los medios adecuados para satisfacer necesidades, en definitiva un déficit en derechos y recursos.
Todo sube, salvo los salarios… ingresos y poder adquisitivo
Este año ha comenzado con brutales incrementos en los precios de los alimentos –como el pan o la leche– y los servicios básicos –la luz, el agua, el gas, correos, metro, Renfe, etc.–, sin que se hayan compensado con subidas significativas de los salarios. Entre 2001 y 2005, las 30 primeras multinacionales españolas han acumulado un beneficio empresarial de más de 100.000 millones de euros, con una tasa anual de beneficios en torno al 15%. Sin embargo, el salario medio real de los trabajadores perdió el 4% de su poder adquisitivo en la década que va desde 1995 a 2005. Esto ha supuesto que, mientras que en 1997 la participación de los asalariados en el PIB era del 49,7%, en 2006 había pasado a ser del 46,4%.
El aumento de los precios en relación a los ingresos salariales sitúa el listón de umbral de renta por debajo del cual una persona se encuentra en una situación de pobreza o, en algunos casos, de severa pobreza. Según un reciente informe de Caritas, 316.000 hogares y 1.739.800 personas viven en “severa pobreza” y es muy significativo que esa pobreza no es exclusiva de las víctimas de la exclusión social, sino que se extiende cada vez más a jóvenes y asalariados (los “working poor”: trabajadores cuyo salario no les permite vivir dignamente).
Como ejemplo de esta situación, en el mes de marzo se ha dado a conocer un informe de CCOO, en el que se constata que el 89% de los jóvenes madrileños tiene salarios inferiores a los 1.000 euros. Utilizando datos oficiales de la Agencia Tributaria, se demuestra que el 88,6% de los jóvenes cobran salarios inferiores a los 1.082 euros al mes, es decir el equivalente a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional. Lo más grave es que un 56% de los jóvenes cobra salarios inferiores al SMI. Es decir, no cobran ni 600 euros al mes. Hay que esperar a tener más de 35 años para comenzar a cobrar un salario equivalente al salario medio.
Por otra parte los titulados españoles tienen el dudoso honor de ser los profesionales peor pagados de la Unión Europea, sólo superados por sus homólogos checos. Así lo ha puesto de manifiesto la última edición del estudio El profesional flexible en la Sociedad del Conocimiento -más conocido como Proyecto Reflex- una iniciativa incluida en el sexto Programa Marco de la Unión Europea que analiza la inserción laboral de los egresados de Italia, Francia, Austria, Alemania, Noruega, Países Bajos, República Checa, Estonia, España, Bélgica, Suiza, Reino Unido y Finlandia. Estos obstáculos favorecen que los universitarios españoles sean -junto con los italianos- los europeos que tardan más tiempo en independizarse. Según el estudio de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, cinco años después de saltar al mercado laboral casi el 40% de los titulados continúa viviendo con sus padres.
[Gabinete Técnico Confederal (GTC) de CCOO. Los salarios en España. 07.09.2007]
Si en 2004 el 35,7% de los perceptores de retribuciones salariales ganaban un salario bruto superior al SMI e inferior a 16.000 euros anuales (los famosos mileuristas), en 1994 el porcentaje de perceptores que ganan un salario con un poder de compra equivalente al del tramo definido para 2004, era del 32,2% (ver tabla). Estos 3,5 puntos porcentuales de aumento entre 1994 y 2004, suponen 2.700.000 perceptores más ubicados en los tramos salariales más bajos.
A esta situación, hay que sumarle la temporalidad, que a día de hoy sigue siendo uno de los principales problemas laborales de la gente joven, ya que sólo el 47% de los trabajadores entre 16 y 29 años posee un contrato indefinido. Aunque este porcentaje aumenta en los últimos años de juventud, todavía un 44% de asalariados entre los 25 y 29 años ocupa un empleo con contrato temporal.
Otro de los sectores sociales más afectados por la carestía de la vida son innegablemente las mujeres. En 2005, en el Estado Español el empleo femenino era del 51,2% frente al 75,2% del masculino, es decir registraba una diferencia del 24%, bastante por encima de la media europea, que se situaba en el 15%. En un país como Suecia, esta brecha es tan sólo del 4%. A su vez la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 13%. El desempleo también afecta de manera desigual. En el caso del Estado español afecta en un 5,2% más a las mujeres, un dato también superior a la media comunitaria, que es del 2%. Países como Suecia, Reino Unido, Bulgaria, Rumania o Estonia, registran más paro masculino que femenino, aunque por razones distintas. Esta clarísima diferencia salarial entre sexos agrava los efectos del aumento de la carestía de la vida en el caso de las mujeres, lo que es perfectamente coherente con un conjunto de datos que resaltan la creciente feminización de la pobreza.
Por último, es necesario señalar la inaceptable penuria económica en la que viven la mayoría de los jubilados, dado lo exiguo de las actuales pensiones. Como dato ilustrativo de esta situación se puede señalar que los más de 4,7 millones de personas jubiladas que hay en España cobran una pensión media de poco más de 700 euros al mes. Los más de 2,1 millones de viudas y viudos cobran de la Seguridad Social menos de 500 euros de media al mes.
Esta situación ha favorecido la paradoja de que los bancos estén promoviendo las Hipotecas Inversas (también llamada Pensión Hipotecaria). Un crédito hipotecario destinado a personas mayores de 70/75 años que, siendo propietarios de la vivienda en la que residen (sobre la que no hay cargas de ningún tipo), quieren convertir el valor de su inmueble (disponen de patrimonio) en un dinero disponible de carácter periódico (una renta mensual) con el que financiar parcialmente sus gastos de supervivencia, mantenimiento de la propia vivienda, cuidados de salud u otras necesidades. El importe que reciben es mayor o menor en función del valor de tasación de la vivienda, de la edad del particular que suscribe esta hipoteca (y de su cónyuge) y del deseo de éste de obtener estos ingresos durante el resto de su vida o, únicamente, durante un periodo de tiempo predeterminado.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?... ¡Que no tenemos casa!
El problema de la vivienda es escandaloso. ¿Cómo explicarse que haya tanta gente que no puede acceder a una vivienda cuando éste es el lugar de Europa donde más se ha edificado en los últimos años? Desde luego lo que se está demostrando, con la prueba de los hechos, es la falacia, que supone la máxima neoliberal de que la necesidad de vivienda se arregla construyendo más viviendas, al poderse comprobar que las mayores tasas de construcción de la historia del Estado Español vienen acompañadas de los mayores precios y de los índices más altos de inaccesibilidad de nuestra historia reciente. Lo que necesitamos no es construir más, sino repartir mejor.
El acceso a la vivienda, en nuestro estado, es uno de los principales problemas materiales para la mayoría de la población entre 18 y 35 años. De hecho un estudio muestra que la vivienda es la principal preocupación entre la juventud, señalada como muy o bastante importante en su vida por un 97% de los entrevistados; cuando se les pidió que puntuaran la importancia de la vivienda en una escala de 1 a 10 (desde totalmente innecesaria a totalmente necesaria), el promedio que se obtuvo fue un 8,4, y un 8,5.
Un estudio realizado por el Consejo Económico y Social con relación a la emancipación de los jóvenes señala el acceso a la vivienda como problema principal en el retraso de edad que se está produciendo a la hora de emanciparse, sobre todo por dos razones. Uno es el alto precio de la vivienda debido a la especulación de la burbuja inmobiliaria, que ha propiciado el aumento de los precios hasta en un 180% desde 1990 a 2004 y una media estatal del 73,40% entre 1999 y 2004, según fuentes del Banco de España. Esto supone que un joven tiene que invertir como media estatal el 53,7% de su salario para comprar una vivienda, cifra que se dispara en el caso de la comunidad de Madrid con un 70,06%, produciendo un endeudamiento atroz entre capas muy amplias de la población. La otra razón es la tendencia española a la compra en detrimento del alquiler, debido a una política fiscal favorable y una cultura tradicionalmente propicia a esta práctica, con el resultado de que el 85% de las viviendas en España sean de propiedad y sólo un 15% se disfruten en régimen de alquiler.
Entre 1996 y 2006 el precio de la vivienda casi se ha triplicado (+185%) mientras que el salario medio sólo ha crecido un 40%, apenas al ritmo del IPC. Mientras el precio medio de alquiler en 2002 en España ascendía a 629,26 euros al mes y si era de nueva construcción 898,23 euros (GTC de CCOO). Si la mayoría de la juventud son simples “mileuristas” difícilmente pueden emanciparse en estas circunstancias.
Estos datos nos permiten afirmar que el acceso a la vivienda, en nuestro estado, es uno de los principales problemas materiales a los que se enfrenta la juventud, un problema que debe de ser considerado de clase, al estar fundamentado en una desigualdad que tiene sus raíces en la estructura y el funcionamiento normal de la vida económica, que se sustenta en la expansión urbanística y sus sectores dependientes. Por lo tanto es indudable que el problema principal es la estructura económica, que imposibilita que gran parte de la población acceda una vivienda digna.
No podemos olvidar que la vivienda forma parte del paquete imprescindible para la reproducción social y que actualmente está configurando uno de los mayores condicionantes del modo de vida de la clase trabajadora, en especial para la juventud y otros colectivos vulnerables en lo que atañe a su emancipación en tanto que realización siquiera de un proyecto personal o familiar.
Al constituir hoy por hoy el acceso a la vivienda un coste superior a la mitad de los ingresos, se convierte la necesidad de su mantenimiento en un arma de disciplina y dependencia sin igual. La docilidad ante el trabajo asalariado tiene uno de sus orígenes en el endeudamiento respecto a la vivienda y la obligación de afrontar la hipoteca mensual.
En 2006 la hipoteca media se situaba cerca de los 140.000 euros a un plazo de 26 años, con un pago total de 215.000 euros al final de la misma a los tipos actuales. Este importante crecimiento del endeudamiento destinado a la compra de vivienda se ha producido en un contexto de tipos de interés relativamente bajos. El aumento sostenido del Euribor en los últimos meses ha provocado un crecimiento asfixiante de las cuotas mensuales que han de afrontar los endeudados por capitales desmesurados para sus niveles de renta. A su vez, de este fenómeno podríamos resaltar el importante flujo monetario producido desde los bolsillos de la clase trabajadora hacia el sector financiero.
Como conclusión, podemos decir que la carestía de la vida es un problema real para cientos de miles de ciudadanos en nuestro estado, que se ven abocados a realizar malabarismos para poder llegar a fin de mes. El colchón familiar ha conseguido, hasta ahora, mitigar la caída libre de miles de personas al pozo de la pobreza, soterrando los costes sociales de situaciones económicas desastrosas para gran parte de las clases populares.
La emergencia de una crisis económica sólo puede empeorar esta situación, generando la quiebra importante de gran parte de la población, endeudada hasta la asfixia. Es imprescindible que desde la izquierda anticapitalista emprendamos el camino de la ofensiva, no sólo para denunciar esta situación, sino sobre todo para forzar al estado a realizar políticas que resuelvan los problemas coyunturales y estructurales que actualmente ahogan a la clase trabajadora. Ante la crisis y la carestía de la vida, nuestra consigna debe ser: ¡que paguen los ricos¡
