La negociación del convenio colectivo de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT), encargada del servicio público de autobuses en la ciudad, ha dado lugar a una movilización que aun no ha llegado a su final y que ha venido a sumarse a otras que también se están desarrollando en estos momentos, como las de los Bomberos del País Valencià o la de conductores del Metro de Valencia.

El día 7 de enero pasado comenzaron las conversaciones entre empresa y gente trabajadora, que sin embargo, por la dureza e inflexibilidad de la patronal, avanzaron escasamente a los largo de las 17 reuniones habidas durante los meses de enero y de febrero. La propuesta del Comité de Empresa se centraba en recuperar las pérdidas de poder adquisitivo ocasionadas por el IPC durante el último año y en avanzar, además, 2,5 puntos en relación a los retrocesos sufridos en los últimos cuatro años (calculados sobre un 17,6%). En total esto venía a suponer una demanda de incremento salarial en torno al 6%. Además, la plataforma reivindicativa incluye toda una serie de demandas de tipo “social”, como las  de cambio de los periodos vacacionales (que en estos momentos, para quienes conducen vehículos, pueden tener lugar en cualquier mes del año), mejora del servicio mediante el aumento del parque de vehículos y de la frecuencia de paso de los mismos o paralización del proceso de las privatizaciones encubiertas que tienen lugar en los trabajos de reparación y mantenimiento.

Dado el punto muerto al que se había llegado tras dos meses de conversaciones infructuosas, la Asamblea de Trabajadores, a propuesta del Comité de Empresa, decidió empezar a realizar paros parciales de 3 horas en turnos de mañana, tarde y noche para servicios técnicos y dos paros de 24 horas, convocados los días 17 y 18 de marzo, coincidiendo con las festividades falleras.

Sin embargo, la Administración exigió- argumentando el carácter festivo de los días 17 y 18 de marzo –unos servicios mínimos del 75% durante el desarrollo de la huelga. Ante esta demanda, que suponía en la práctica negarles el derecho a su acción reivindicativa, la plantilla de la EMT decidió realizar un paro completo y ningún autobús salió a efectuar su recorrido de servicio durante los días 17 y 18.

La huelga de la EMT ha tenido que hacer frente a un acoso mediático importante, mediante el cual se ha intentando enfrentar a la ciudadanía afectada con la gente trabajadora en huelga. Ésta ha tenido que aguantar el ser tildada de “privilegiada” por la empresa que, como buen patrono, considera “privilegio” toda situación en la cual la gente trabajadora goce de una mínima estabilidad, dignidad salarial y de condiciones de trabajo, o sea capaz de hacer oír sus exigencias. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, simplemente han ignorado la existencia de la huelga en los respectivos y triunfalistas balances de las pasadas fiestas.

La empresa, con posterioridad a los paros del 17 y 18, ha intentado intimidar a la plantilla enviando cartas amenazadoras de despido a todas aquellas personas que deberían haber cubierto los servicios “mínimos” y no lo hicieron. No obstante, este proceder mafioso no ha conseguido frenar el ímpetu de la gente trabajadora. Reunida nuevamente la Asamblea de trabajadores el día 27 de marzo, se decidió por abrumadora mayoría (691 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones) continuar las movilizaciones mientras no se llegue a un acuerdo satisfactorio con la empresa. Éstas incluirán paros parciales de 3 horas durante los meses de abril, mayo y junio y paros de 24 horas, con concentraciones, en mayo, junio y agosto.