Sandra Campañón / Por una lado, nos encontramos que la comparecencia de la Guardia Civil en la Clínica Isadora de Madrid se produjo bajo la excusa de una investigación por tratamiento de residuos clínicos y sanitarios y ha acabado con el interrogatorio de más de una veintena de mujeres por haber interrumpido su embarazo. Esta investigación no sólo se inició desobedeciendo las órdenes del juzgado de guardia y saltándose todos los protocolos de una investigación en regla, si no que ni siquiera queda claro que los abortos se hayan realizado fuera de los preceptos de la ley. Eso sí, la privacidad y la dignidad de estas mujeres ha sido totalmente vulnerada y de paso ha provocado que, ante la indefensión que provoca el marco legal vigente, en los últimos meses sea prácticamente imposible interrumpir un embarazo en el Estado español, ni siquiera dentro de los supuestos establecidos.
Además, la actuación judicial ante la campaña de apoyo a estas mujeres, consistente en la recogida de autoinculpaciones por haber abortado o haber prestado algún tipo de apoyo a hacerlo ha sido bien distinta según el/la juez de turno, tal y como ocurrió también con la legalización o no de las manifestaciones por el 8 de marzo según la delegación del gobierno pertinente.
Así, en Barcelona se archivaron las más de 2.000 autoinculpaciones presentadas el pasado 28 de febrero, quedando claro el carácter político de la acción. En cambio, una jueza de Tarragona está llamando a declarar a unas 170 personas como testimonios ¿de su propio delito? Como respuesta, se están recogiendo de nuevo autoinculpaciones (¡podéis repetir!) que se presentarán ante el juzgado el próximo 26 de abril, fecha en que se celebrarán distintos actos de la campaña por el derecho al aborto organizados por las compañeras en la capital tarraconense.
Desde aquí hacemos un llamamiento a prestar todo nuestro apoyo, no sólo con la recogida de autoinculpaciones, sino sobre todo con nuestra presencia ese día. Antes como ahora reclamamos que las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza. ¡Fuera el aborto del Código Penal ya!