EDITORIAL

El nuevo ciclo político abierto el pasado 14-M ha comenzado ya con el cumplimiento por parte de Zapatero del compromiso electoral de retirar las tropas españolas de Iraq, una vez quedaba claro que EEUU no iba a ceder en su voluntad de mantener el control militar de ese país tras el próximo 30 de junio. Se trata sin duda de una victoria de las gentes que nos hemos movilizado contra la guerra y en solidaridad con la resistencia frente a la ocupación de ese país y que ahora nos ha de llevar a exigir del gobierno que vaya más lejos pidiendo que los demás países ocupantes hagan lo mismo y contribuyan a restablecer la soberanía del pueblo iraquí. Sabemos, no obstante, que son demasiados los intereses de EEUU por permanecer en esa zona, por lo que hará falta proseguir las movilizaciones y, sobre todo, impulsar la solidaridad con los sectores del pueblo estadounidense activos en pos de esos objetivos. Por eso habrá que estar alerta también ante las posibles contrapartidas que Bono y Moratinos ofrezcan al que sigue siendo su “amigo americano”.

Pero en esta nueva etapa hay otros retos también importantes sobre los que Zapatero se tendrá que ir definiendo, como ya ha empezado a hacerlo en su discurso de investidura. En primer lugar, está la contradicción que va a aparecer entre sus promesas en política social -empleo estable, vivienda, sanidad, educación...- y el respeto al Plan de Estabilidad de la UE y al déficit cero, junto con el compromiso de no aumentar la presión fiscal; si añadimos a esto las presiones derivadas de las exigencias de reforma de las pensiones y del mercado laboral, de acuerdo con el llamado “espíritu de Lisboa”, y el dato de que esté Pedro Solbes como vicepresidente económico, mucho habrá que movilizarse para forzar un giro a la izquierda en todas estas materias, sobre todo si se aprueba un proyecto de Constitución Europea que supone el blindaje de los principios neoliberales.

El segundo desafío está en el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad y en la no imposición de trabas a los deseos de vascos, catalanes, andaluces o gallegos de avanzar en su autogobierno e incluso en su derecho a decidir libremente las relaciones a mantener con los otros pueblos del Estado. Limitar la reforma constitucional al Senado y a la introducción de los nombres de las CCAA no satisfaría esa demanda creciente de una “segunda transición”, superadora del déficit de legitimidad que tuvo la primera, con el fin de poder avanzar hacia el reconocimiento efectivo de unas libres relaciones entre los pueblos. Mucho nos tememos que el “alma españolista” del PSOE pese más que las presiones que desde sus propias filas puedan venir de Catalunya y, esperemos, de Euskadi.

El tercer campo de pruebas va a estar en la necesidad de superar el discurso y, sobre todo, la práctica dominantes en “Occidente” en relación con la “seguridad”, las libertades, el “terrorismo” y la inmigración. La reafirmación por parte de Zapatero del pacto con el PP en estas materias no augura nada bueno y nos lleva a temer que en nombre de la “seguridad” y del síndrome de vulnerabilidad generado tras el 11-M las restricciones de las libertades (manteniendo, además, medidas como la ilegalización de Batasuna y reformas del Código Penal dirigidas contra el Plan Ibarretxe), la negación de derechos básicos a los trabajadores inmigrantes y la criminalización de la población de religión musulmana se vayan imponiendo en los próximos años. Por eso habrá que estar vigilantes frente a cualquier ataque a nuestras libertades y a toda manifestación de racismo o islamofobia, insistiendo en que el peligro real con el que nos encontramos es el de una “guerra contra el terrorismo” que no hace más que practicar el terrorismo de Estado a gran escala, ya sea en Iraq o en Palestina, fomentando así un falso “choque de civilizaciones” en beneficio de todo tipo de fundamentalismos.