Por Manolo Garí
El Protocolo de Kyoto sobre emisión de gases contaminantes a la atmósfera constituye un mínimo que el gobierno del PP se ha negado a cumplir y que debe ser exigido al nuevo gobierno de Zapatero.
Uno de los principales retos de Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente, teniendo en cuenta las presiones que recibirá de la industria y de su propio partido, particularmente desde los ministros económicos, es hacer realidad su promesa de virar 180 grados para cumplir con el Tratado de Kioto. El PP se lo deja difícil. Los empresarios se lo van a poner más. Nostros se lo vamos a exigir.
Los objetivos del protocolo de Kyoto
El protocolo de Kioto contiene objetivos obligatorios y cuantificados de limitación y reducción de seis gases que causan el efecto invernadero: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre. Estos gases se originan como subproductos de procesos industriales contaminantes, de la generación no limpia de energía y de los combustibles utilizados en el transporte. Kioto no era una maravilla, pero hoy es una bandera innegociable.
En Kioto la Unión Europea suscribió una reducción de emisiones entre 2008 y 2012 de un 8% con respecto al nivel de 1990, mientras que España se comprometió a no superar las emisiones de 1990 en más de un 15%. La llamada “burbuja europea”, defendida con entusiasmo por la entonces Ministra de Medio Ambiente Isabel Tocino que se mostró como una apasionada partidaria de las medidas de reducción de emisiones (de los demás), permitía que nuestro país fuera un contaminador en crecimiento neto gracias a las reducciones contabilizadas por otros países como Reino Unido o Alemania.
Aumento de las emisiones durante el gobierno del PP
Uno de los más pesados legados del PP son las toneladas de CO2 que seguimos emitiendo. Durante su largo y devastador gobierno no sólo no se han adoptado medidas sino que la situación se agravó. España ha aumentado en un 38% sus emisiones respecto a 1990 en un tiempo record. Diversas estimaciones coinciden en afirmar que de construirse las centrales térmicas previstas y de no adaptarse medidas de ahorro y eficiencia energética el incremento de las emisiones será del 60% antes de 2012.
El 31 de marzo acabó el plazo dado por la Comisión Europea para remitir el Plan Nacional de Asignaciones (PNA) de derechos de emisiones de emisiones contaminantes. El Plan enviado por el Gobierno en funciones del PP es incompleto y no merece la denominación de plan porque rehuye las patatas calientes para no enfrentarse a ninguno de los sectores empresariales afectados. Estos han lanzado una de las campañas más sinvergonzona de las imaginables; por ejemplo afirman sin rubor que la aplicación de Kioto costará a España 19.213 millones de euros y una pérdida creciente de competitividad y productividad de las empresas. Esta actitud se fomentó desde el PP. Por un lado, virtudes proclamadas y autobombo. Para eso estaba el hasta ahora secretario de Estado de Energía, José Folgado Blanco, quien el pasado 16 de febrero aseguraba que España cumple los plazos recogidos en el protocolo de Kioto sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Las "ecuaciones sin solución del PP"
Por otro, el 23 de febrero en Zaragoza, Rodrigo aseguró que la asignación de cuotas de emisión no era un asunto prioritario, que debíamos adoptar plazos más largos y exigir de la Comisión Europea ayudas económicas para la adaptación de las empresas. Él tan liberal. Y, mientras tanto, Loyola de Palacio, Vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Energía y Transportes, pidió el pasado 16 de febrero prudencia y cambio de rumbo respecto Kioto ya que Rusia no se decide a ratificar el Tratado y calificó de “ecuación sin solución” el cierre de las nucleares, la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y el mantenimiento del crecimiento económico. El Ministro de Energía de Berlusconi, Antonio Manzano salió en defensa de su correligionaria española y afirmó que había que pensar en objetivos alternativos. Los Jefes de Estado y de Gobierno suscribieron después una declaración -¡a propuesta de Aznar!- muy poco aireada y conocida que hacía en parte suyas esas tesis mientras se planteaban estudiar los costes potenciales del incumplimiento de Kioto y la inacción. Al mismo tiempo un estudio publicado recientemente por la propia Comisión Europea afirma que el aumento del nivel de emisiones en 2030 puede llegar al 60% respecto a 1990, incluso cumpliendo la Unión Europea con Kioto. Y, que de no hacerlo, se corre el riesgo de llegar a un incremento del 100%. Para no dormir.
Pero quienes derrotamos en la calle y en las urnas al PP, quienes sabemos de la dureza de la patronal, quienes sabemos que no nos podemos fiar sin más de las promesas socialistas, quienes creemos que otra Europa y otro Mundo son posibles, no vamos a dormirnos. Bien al contrario exigiremos de Zapatero y Narbona, de la Comisión y el Consejo, de Europa con Rusia incluida y de los Estados Unidos que cumplan con Kioto. Nos lo deben.
