Por Javier Navascués Chivite
Antes del verano se han acumulado los proyectos de destrucción de empleo estable en un buen número de empresas y sectores productivos.
En el sector de las telecomunicaciones se proyecta destruir mas de 19000 empleos: Telefónica (15000), Auna (750), Avanzit (2000), Siemens (250) Atento (1135), a los que habría que añadir el incumplimiento de la oferta de empleo para los 1200 de Sintel. En el sector de automoción se reducen 3600 empleos: Iveco (3100), Nissan (520) a los que se añaden las suspensiones temporales de empleo de SEAT (9000) y Ford (418). En la banca alcanzan los 2700: BSCH (1500), BBVA (1200). En el sector eléctrico Iberdrola (3168). En el ferroviario RENFE (1500). También en el sector de la construcción, a pesar del "boom" inmobiliario: ACS-Dragados (2000). La empresa tabaquera Altadis (743). En un buen número de empresas del textil se plantean reducir al menos 380 empleos. Y en el sector de medios de comunicación 328 empleos menos: Vía digital (250) y Sogecable (78).
En primer lugar señalar la importancia de las cifras de reducción de empleo en el conjunto del sector de las telecomunicaciones, especialmente sorprendente cuando la mayoría de las empresas, aparte de Telefónica, no tienen mas de 4 años de existencia y que sin duda responden a la lógica especulativo-financiera de la época de la burbuja tecnológica en que se crearon. También conviene señalar que tres de las empresas citadas están ligadas al grupo Telefónica: Telefónica de España, Atento (telemárketing) y Vía Digital.
Llama la atención de que en todos los casos se trata de sectores con una buena situación desde el punto de vista de la demanda, alguno extremadamente buena, como el de la construcción
En general casi todas las empresas citadas han presentado unas saneadas cuentas de resultados y por tanto beneficios. De las citadas ocho (ACS, Altadis, BBVA, Dragados, Iberdrola, BSCH, Sogecable y Telefónica), se encuentran entre las mas grandes empresas españolas (cotizan en el Ibex 35) y con la única excepción de Sogecable acaban de informar de importantes beneficios en el primer trimestre de este año.
Pero aún así no han dudado en aprovechar la primera ocasión que han encontrado para llevar adelante sus planes de reducción de plantillas con los mas variados argumentos (pérdida de mercado, fusiones, cambios tecnológicos u organizativos) pero que en general no suponen una grave amenaza para la supervivencia de la empresa, como exigen las leyes laborales.
En el caso de Telefónica, de la que dispongo mas información, los beneficios del primer semestre 2003 han sido de 1425 millones de euros (Grupo), de los cuales 528 corresponden a Telefónica de España (TdE), un 13% mas que el año 2002. En esas condiciones, con una caída de los ingresos del 1'7% en el último año pretende justificar ahora un descenso de la plantilla del 37,5 % en cinco años (de 40 mil a 25 mil). Reducciones de empleo, que continúan un proceso que comenzó hace 10 años, en el 93, cuando la plantilla era de 75 mil personas.
Las justificaciones de Telefónica son la presión de la Administración favorable a la competencia, las tarifas reguladas, las obligaciones de servicio universal, y la caída de la demanda en telefonía fija (disminución de líneas, pérdida de tráfico saliente a favor de móviles y cable). Pues bien como ejemplo de como se pueden retorcer los argumentos para llevarlos al fin que les interesa diré que sobre la caída de la telefonía fija reconocen que el mayor impacto es el producido por la perdida de llamadas hacia los móviles. ¡Como si Telefónica no tuviera nada que ver con los móviles!. Ocultan que también en móviles Telefónica lidera el mercado y que si se puede hablar de dos empresas distintas (dentro del Grupo) es debido a una decisión exclusiva de la empresa, que desgajó de la empresa matriz los servicios telefónicos con mayor proyección de futuro como el móvil (Incluso el ADSL lo ofreció Telefónica inicialmente sólo a través de Terra), decisión que en caso de necesidad podría volver atrás, como al parecer va a hacer France Telecom.
En la gran mayoría de las empresas citadas al principio, con las excepciones de la banca, se recurre para dichas reducciones de plantilla a la tramitación de un expediente de regulación de empleo (ERE) con lo que una parte de los costes de la indemnización por el despido (en forma de prestaciones directas y de cotizaciones a la Seguridad Social) corren a cargo de la protección contra el desempleo.
La mayoría de dichos expedientes son aprobados por los sindicatos mayoritarios en las empresas, CCOO y UGT en el caso de Telefónica, antes de que les de la aprobación definitiva la administración laboral, con lo cual además de demostrar una resistencia mínima a los planes empresariales, sindicatos y Administración colaboran en mantener una práctica de subvención sistemática de la actividad empresarial, que debería ser soportada exclusivamente por los empresarios.
Esta práctica, contradictoria con las alabanzas al mercado y el rechazo a la intervención pública que todos los empresarios profesan, tienen como ejemplo mas escandaloso el del sector del automóvil en el que todos los fabricantes instalados en el Estado español utilizan las regulaciones temporales de empleo, desde la crisis de finales de los 70, como un método sistemático para hacer frente a las variaciones cíclicas de la demanda.
El argumento básico para la aceptación sindical de las reducciones de empleo es su carácter no traumático. Siendo cierto el que en muchos casos las medidas del tipo prejubilaciones son aceptadas de forma muy amplia por la gente afectada, este argumento no es suficiente para justificar la actitud sindical que debería tener en cuenta otras razones colectivas y sociales, y no solo las decisiones individuales, que además son posteriores a la firma sindical, pues las consultas han pasado a la historia del sindicalismo.
Entre las razones colectivas a considerar, además de la citada sobre las prestaciones de desempleo, hay muchas otras graves consecuencias sociales de las reducciones de plantillas, no traumáticas. En primer lugar la reducción de costes salariales que suponen para la gente prejubilada, contribuye a mantener la profundización de la injusta tendencia de reparto del PIB, reduciendo la parte destinada a salarios en beneficio del capital, con las consecuencias de agravar la financiarización de la economía. Por otra parte las prejubilaciones significan en la mayoría de los casos la retirada definitiva del mercado laboral de personas con poco mas de cincuenta años, muy jóvenes para jubilarse y con importantes capacidades productivas desperdiciadas, todo ello en los tiempos en que aparecen graves amenazas sobre los sistemas públicos de pensiones, derivadas de la reducción del número de productores frente al de pensionistas.
Además en todos los casos las prejubilaciones tienen consecuencias negativas para la plantilla que se queda, cambios de categorías, movilidad geográfica, aumentos de la intensidad del trabajo, y precariedad en el trabajo subcontratado.
Pero lo mas grave es que la permisividad para aceptar las mentiras empresariales en las Grandes empresas, cabeceras de Grupos corporativos, hacen casi quimérica la resistencia contra la destrucción de empleo en la interminable sucesión de filiales contratas y subcontratas. Y en estas las medidas ya son bien traumáticas, como ha demostrado palmariamente el caso de Sintel. En Sintel la plantilla ha resistido admirablemente la voluntad de Telefónica de deshacerse de sus responsabilidades en sus empresas filiales y en las contratas que construían sus redes, pero lo han tenido mucho mas difícil desde el momento en que en el año 1999 las secciones sindicales de CCOO y UGT de Telefónica, y luego la Administración laboral, le reconocieron a la empresa una pretendida gravedad de la situación y justificaron por ello la destrucción de 10.000 empleos en la empresa matriz. Todo ello con el agravante de conocer que mucho del trabajo que dejaban de hacer en la matriz lo tendrían que hacer contratas, eso si, sin las condiciones laborales dignas que exigen los de Sintel.
Por todo ello un sindicalismo alternativo debe rechazar estas reducciones de plantillas. Hay que señalar que en Telefónica se han levantado voces y paros de oposición a la aceptación del ERE, en particular desde los sindicatos (CGT, Co.Bas, AST,...) que son mayoritarios entre otros en los comités de Madrid y Barcelona, pero han sido insuficientes para parar el proceso, aunque fue suficiente para parar las últimas segregaciones de actividad y plantilla.
