Editorial de Gara, 15-05-05

Sin ofrecer ninguna prueba fehaciente de la supuesta sucesión entre Herritarren Zerrenda y Batasuna, más allá de la «convicción política» mostrada por PSOE y PP en la reunión del llamado Pacto Antiterrorista, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha ordenado a la Abogacía del Estado que impugne la candidatura ante el Tribunal Supremo. El método en nada se diferencia del empleado hace un año por el Gabinete de José María Aznar para cercenar el derecho de cientos de ciudadanas y ciudadanos a presentarse a las elecciones municipales y forales y el de decenas de miles a votar de forma oficialmente válida a la candidatura de su elección.

El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y el fiscal general del Estado, directamente dependiente de él, argumentan su decisión afirmando que es su obligación hacer cumplir la ley. Con esta explicación parecen tomar distancia sobre el origen de la norma, obviando que el PSOE que dirige el hoy presidente del Gobierno español fue uno de los impulsores de la antidemocrática Ley de Partidos redactada exclusivamente para expulsar del ámbito institucional a la izquierda abertzale. Por otra parte, resulta obvio que vista la composición de Herritarren Zerrenda, constituida por ciudadanos sin experiencia en política, la actuación de la abogacía del Estado y del fiscal general no es una obligación, sino una opción. Una opción política que, por cierto, en nada contribuye a normalizar la situación de Euskal Herria. Además, las leyes no tienen por qué ser aplicadas de forma estricta. Si la norma se considera injusta, un Gobierno tiene no pocas posibilidades de bordearla o sortearla, amén de que también puede optar por derogarla.

Tanto quienes se muestran partidarios de la ilegalización de Herritarren Zerrenda, como algunas de las partes que se han manifestado en contra, han evidenciado ­por ejemplo, la portavoz del Gobierno de Lakua­ su confianza en la independencia judicial y su respeto por las decisiones que adopten los jueces. Con una ley expresamente redactada para impedir la participación electoral de la izquierda abertzale y con el posicionamiento nítido a favor de la impugnación del Gobierno, el partido que lo sustenta y la principal fuerza de la oposición, poco resquicio tienen los tribunales para hacer justicia. Y si los tribunales no hacen justicia, resulta más que cuestionable que sus sentencias deban ser acatadas sin rechistar desde el plano político.