Luis Cerrillo *

En esta última quincena del mes de Septiembre, hemos conocido el nuevo Reglamento de la enésima reforma de la Ley de Extranjería, esta vez la contrarreforma 14/2003 que, por cierto el PSOE pactó con el PP. También hemos conocido la propuesta tímida, con la formula de arraigo laboral, que dará paso a un proceso limitado de regularización extraordinaria.

Durante la etapa del anterior gobierno del Partido Popular, los residentes extranjeros legales pasaron, aproximadamente, de medio millón de personas en 1996, a 1.700.000 en abril de 2004. Esto quiere decir que hay más de 1.200.000 nuevos residentes legales, la gran mayoría de ellos regularizados a través de fórmulas extraordinarias y que, por lo tanto, habían entrado en España de manera clandestina. Se ha aplicado una Ley de Extranjería restrictiva, en la que los trámites burocráticos resultaban complicadísimos, carentes de nitidez, que ha dado lugar a aumentar el número de irregulares por disparidad de criterios a la hora de la toma de resoluciones a los expedientes de renovación. Finalmente, durante el último mes se ha repetido hasta en cuatro ocasiones, nueve a lo largo del año, la tragedia de los naufragios de embarcaciones que transportaban inmigrantes para introducirlos irregularmente en España. Son ya, 53 cadáveres, 40 desaparecidos y 202 rescatados en lo que va de año 2004.

El gobierno del PSOE, intenta con este nuevo proceso de regularización aliviar la enorme presión social que existe en la sociedad, con más de un millón de inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, que mostraban síntomas de iniciar la lucha social por la regularización sin condiciones, como se recordaran las movilizaciones, del primer semestre del año, en Valencia, Murcia... contra la entrada en vigor de la nueva ley de extranjería, también en este verano, con los encierros de la Asamblea por la regularización sin condiciones en Barcelona. También, salvo nuevas lecturas del Reglamento, pues fue hecho público este 15 de Septiembre, y las organizaciones aún no hemos podido analizarlo con toda la profundidad que se merece, se presentó un Reglamento que según el gobierno pretende que flexibilice la Ley 14/2004, posible antinomia jurídica.

Pero esta política de la zanahoria viene acompañada con la política del palo, las diversas manifestaciones hechas públicas por el ministro Caldera, y la responsable estatal de la inmigración Consuelo Rumí, dibujan una política basada en dos ejes prioritarios, la gestión de los flujos migratorios canalizando los mismos de acuerdo con las necesidades del mercado laboral, los contingentes, (en el año 2003, se ofertaron 10.575 plazas estables y sólo se cubrieron 2.845), modelo cuestionado por el Consejo Económico y Social, que decía en abril de 2004, la fase de gestión posterior: el desconocimiento del procedimiento, su rigidez, su duración, la dificultad de las empresas para desplazarse al exterior, la desconfianza en firmar contratos sin haber tenido previamente un contacto directo con los y las trabajadores son causas del fracaso, de este procedimiento contractual y a lo que debemos añadir las diversas sentencias judiciales desfavorables a este sistema de relación laboral de "usar y tirar" a los y las inmigrantes; y el segundo eje prioritario, la lucha contra la inmigración clandestina con adecuados controles en fronteras y repatriación de ilegales, es decir, mano dura contra los sectores más débiles de la sociedad, pues debemos ser consciente que este fenómeno migratorio a nivel mundial, que tiene causas en las políticas neoliberales desarrolladas en las ultima décadas, en que la U.E, es claro impulsor, no cesara de producirse en los distintos espacios económicos regionales del planeta.

En este contexto, la ciudadanía europea, propuesta en la Carta Europea de los
Derechos (Constitución Europea), proyecto que apoya el PSOE, es una ciudadanía excluyente, que reconoce sólo a los ciudadanos autóctonos. Millones de emigrantes que residen establemente en Europa y contribuyen a su riqueza económica y cultural son destinados a quedar privados de derechos sociales, políticos y civiles.

A estas políticas de exclusión social y de cierre de fronteras, que el gobierno del PSOE propone para solucionar esta gran tragedia social, las organizaciones sociales de apoyo, y las organizaciones de inmigrantes presentan una alternativa abierta, pluricultural, "mestiza" basada en principios radicalmente diferentes, como por ejemplo:

- la garantía del derecho a emigrar y a entrar a Europa;

- la libre circulación para todos, comprendida a los ciudadanos de "países terceros";

- la regularización del régimen de todos los sin-papeles;

- la idea de una ciudadanía inclusiva, no sólo formal, tanto civil y social capaz de garantizar a todos los que residen establemente en un determinado
territorio plenos derechos políticos, sociales, civiles;

- la garantía plena del derecho al refugio.

Necesitamos bastante más que un pacto entre dos o incluso entre todos los partidos del arco parlamentario. Se necesita un acuerdo global en el que intervengan los agentes sociales implicados, organizaciones de inmigrantes, agentes sociales y sindicales ong´s... Frente a esta realidad no hay muros, ni alambradas, servicios de vigilancia, leyes ni reglamentos estatales que valgan.

* ( miembro del Foro Alternativo de la Inmigración del País Valenciano)