Respuesta a la propuesta de un "Sí, crítico" de IU al proyecto de Constitución Europea presentado por la Convención

Por Jaime Pastor (*)

En la Sección "IU al día" del 8 de septiembre de 2003 se ha publicado un artículo del compañero José Manuel Fernández que defiende la necesidad de que IU se pronuncie por un "Sí, crítico" a la Constitución Europea en el referéndum que deberá celebrarse en junio de 2004. Pese al tono respetuoso que emplea el autor con otras posiciones, su descalificación final de las propuestas diferentes de la suya ("El 'No' a este texto, además de ser un error, es una posición sectaria. Y la 'abstención', una posición cobarde o, en el mejor de los casos, una forma de evitar divisiones internas") no parece que vaya a ayudar a ese "análisis frío y sereno" que él mismo pide. Pero, puesto que hay tratar de dialogar entre las diferentes posiciones y que quien esto escribe es aludido en su artículo, pasaré a hacer algunos comentarios al mismo.

José Manuel Fernández (JMF a partir de ahora) empieza reconociendo una evidencia ("El texto aprobado...es también la resultante de distintos vectores políticos en un campo de fuerzas que, guste o no, está dominado por la misma hegemonía neoliberal que la que impera por separado en cada uno de los 25 estados sin excepción") para a continuación sostener que "con todos esos condicionantes la propuesta de la Convención es un paso adelante".

¿Dónde encuentra JMF ese "paso adelante"? En los "importantes avances en el proceso federal, con una importante cesión y puesta en común de nuevos espacios de soberanía por parte de los Estados nacionales" y concreta esto en algunos puntos, entre los que destaca un "embrión de política de Defensa autónoma de la UE" que, como él mismo reconoce, "respetará las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros que consideran que su defensa común se realiza dentro de la OTAN", la supresión del derecho de veto (salvo, casualmente, en fiscalidad y política social), la consolidación del "espacio europeo de libertad, seguridad y justicia" y la "cooperación reforzada". Los aspectos que él ve como positivos tienen que ver, por tanto, con los mecanismos de construcción de un híbrido entre federación y confederación, subestimando incluso el peso fundamental que van a seguir teniendo el Consejo y, por tanto, los gobiernos –y no los parlamentos- de los Estados miembros. Se trata, en realidad, de una variante específica de "federalismo gubernamental", como algunos expertos lo han definido, y no de un federalismo democrático y pluralista, como deberíamos defender desde la izquierda.

El problema está, además, en preguntarse al servicio de qué fines van a estar esos "avances". Y eso queda claro en ámbitos fundamentales, al menos para una formación de izquierdas, como el que tiene que ver con "el terreno económico y social" y que JMF se ve obligado a mencionar en algunos de sus aspectos más visibles: "la excesiva autonomía del BCE y su objetivo exclusivo de la estabilidad de precios", "la regla de unanimidad impuesta a la fiscalidad y a buena parte de las políticas sociales", "los límites marcados a algunos de los derechos sociales contenidos en la Carta, sobre los que seguirán teniendo preeminencia las disposiciones nacionales"; a todo esto añadiríamos más cosas, sobre todo si tenemos en cuenta la Parte III ("De las políticas y el funcionamiento de la Unión") del Proyecto, no incluida por cierto en el libro editado por la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, al menos en su versión en castellano, pero no parece necesario hacerlo ahora.

O también en lo relacionado con, en palabras de JMF, "la negativa a reconocer la identidad política de las 'Regiones' europeas y, por tanto, de las CC.AA. españolas", algo tampoco nada secundario para una formación que dice defender un proyecto federal, libremente construido, a escala española y europea y que en sus programas electorales ha criticado el mantenimiento de un "Comité de las Regiones" en el que se amontonan indiscriminadamente entes regionales y locales. A esa lista podríamos añadir más temas y ámbitos, como ya hemos tratado de explicar en las primeras valoraciones del proyecto que hemos hecho algunos miembros del CPF (v., por ejemplo, "Por una Refundación democrática de la UE", de M. Colomer, O. Matute, M. Monereo y J. Pastor, "IU al día", 23 de julio de 2003; también, "Hacia una Constitución europea al servicio del neoliberalismo y del nuevo militarismo?", de J. Pastor, "IU al día", 7 de julio 2003).

JMF reconoce que "todo ello es el resultado de una correlación de fuerzas claramente favorable al neoliberalismo, que la ampliación no hará más que acentuar durante un largo tiempo". Pero a continuación recurre al argumento de que no hay que menospreciar la inclusión de la Carta de derechos fundamentales de la UE con rango constitucional, olvidando no sólo que seguirán primando las disposiciones de los Estados miembros sino la ambigüedad calculada con que están regulados algunos de esos derechos (como el del derecho al trabajo, sustituido por un "derecho a trabajar", fuertemente criticado por la mayoría de los sindicatos europeos), con mayor razón cuando esa Carta va acompañada por interpretaciones en el mismo Proyecto que restringen aún más cualquier perspectiva de armonización "hacia arriba" de esos derechos. La referencia al art. 3.3 del Título I, como ejemplo de defensa del "modelo social europeo" frente al norteamericano, además de mostrar una ingenuidad sorprendente ante la retórica confusa y contradictoria empleada en el mismo, no resiste a la realidad de las políticas neoliberales de desmantelamiento de derechos sociales que se están aplicando en la UE desde hace tiempo y que este Proyecto no cuestiona en absoluto.

En cuanto al "avance" que puede suponer la consolidación del "espacio europeo de libertad, seguridad y justicia", reforzado además con la solidaridad comunitaria en la "lucha antiterrorista", ¿cree realmente JMF que eso va a suponer un progreso en la garantía de libertades básicas teniendo en cuenta el discurso "securitario" predominante tras el 11-S, también en Europa, y los datos del Informe que, a petición de la Comisión Europea, presentó la "Red de expertos independientes sobre los derechos fundamentales, CFR-CD" y que, según alguien poco sospechoso de izquierdista como Xavier Vidal-Folch, "resultan escalofriantes por la cantidad de actos y procesos legislativos nacionales que reducen o prevén reducir el alcance de las libertades realmente existentes"?

A continuación, JMF pasa a hacer una serie de críticas a la Contribución que presentamos varios miembros del CPF y a la que me he referido anteriormente. Manifiesta su desacuerdo con que sostengamos que el texto "responde plenamente a los intereses y al proyecto de las clases dominantes europeas", calificando ese análisis de poco marxista y de emplear un enfoque de "clase contra clase", para acto seguido pasar a defender una visión tan poco marxista como la de considerar que "la arquitectura institucional tiene una dinámica autónoma". No vamos a entrar aquí en una discusión que exigiría un debate más profundo y riguroso por parte de todos. Sólo aclararé que cualquier estudioso de la UE reconocería que el problema que ha tenido y tiene el avance en esa "arquitectura institucional" es que ha dependido precisamente de una concepción funcionalista basada en que el desarrollo de un mercado único, de una moneda única y de unas políticas neoliberales comunes daría todo lo demás en el plano político y no a la inversa. Obviamente, sostener que el proyecto de Constitución responde plenamente a esos intereses de las clases dominantes europeas no significa ignorar sus tensiones internas y, al mismo tiempo, la necesidad que tienen aquéllas de "dominar" no sólo con la fuerza sino también con el consenso y con la posibilidad de integrar en ese proyecto a las clases dominadas o subalternas. Por eso no pueden arremeter tan abiertamente contra determinados derechos sociales como en otras partes, pero por eso mismo aspiran ahora a que se constitucionalicen unas reglas del juego a escala de la UE que permitan codificar lo avanzado a lo largo de los anteriores Tratados y de las políticas llevadas a cabo y dar nuevos pasos adelante que hagan irreversible el proceso hacia la asimilación al..."modelo americano" para poder competir mejor con él. Ello no significa ignorar tampoco las diferencias en el seno de las elites europeas y entre los distintos gobiernos sobre las relaciones a mantener con EEUU dentro del "nuevo orden global", pero éstas se sitúan dentro de un proyecto común que les ha llevado al consenso en torno a esta Constitución, pese a que persistan aspectos polémicos respecto a cómo reflejar en votos la relación de fuerzas interna entre los distintos Estados.

JMF hace una cita parcial de nuestro texto diciendo que afirmamos que en el Proyecto "se subordina la política exterior y de defensa de la UE a los EEUU a través de la OTAN". En realidad, lo que sostenemos es que se "subordina la política exterior y de defensa de la UE a la hegemonía de EEUU a través de la OTAN". Es cierto que no queda esto suficientemente explícito en el texto, pero ¿qué cabe concluir de lo que se dice no sólo en el articulo 40, apartado 2 ("la política de la Unión con arreglo al presente artículo no afectará al carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros, respetará las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros que consideran que su defensa común se realiza dentro de la OTAN y será compatible con la política de seguridad y defensa establecida en dicho marco") sino también en el apartado 7 de ese mismo articulo, en el que se dice que "en la ejecución de esta cooperación más estrecha para la defensa mutua, los Estados miembros participantes cooperarán estrechamente con la OTAN"? ¿Cabe duda alguna de qué potencia es hegemónica dentro de la OTAN? ¿Es creíble una política de defensa autónoma de la UE dentro de ese marco? No hace falta ser muy de izquierdas ni anti-Bush para responder con un No. Por eso el eje Blair-Berlusconi-Aznar no ha puesto pegas a ese articulado, máxime cuando ahora va acompañado del "documento Solana", el cual, si bien es cierto que no forma parte del Proyecto, es una "traducción 'light'" de la doctrina de guerra preventiva de Bush y no ha sido objeto de críticas por parte de ningún gobierno de la UE, al menos hasta ahora.

En otra de sus criticas a nuestra contribución JMF coincide, sorprendentemente, con la posición mantenida por Aznar a favor de incluir la defensa de la "integridad territorial" de los estados, cerrando así las puertas a todo posible cuestionamiento de la misma a través del ejercicio del derecho de autodeterminación. Añade además que defiende la tesis de que ese derecho sólo es aplicable en..."países ocupados o colonizados". ¡Vaya! Habrá que decírselo a los demócratas y al Tribunal Supremo de Canadá que han tenido que reconocer el ejercicio de ese derecho en Quebec o, ahora, a los escoceses que también lo piden, o a EB-IU, que también lo exige... Es una lástima que compañeros de izquierda sostengan una tesis tan trasnochada como la mencionada por JMF mientras se olvidan de la que está resurgiendo con fuerza ante la eclosión de la plurinacionalidad incluso en los viejos Estados y que no es más que la del derecho al "divorcio político" que defendía un tal Lenin, oportunamente recordado en este punto por Paco Fernández Buey en el reciente Curso de Verano de IU.

Hay una crítica que nos hace JMF que sí me parece acertada y que obedece a un error terminológico por nuestra parte: efectivamente, no hay "doble nacionalidad de los actuales estados y de la Unión" sino doble ciudadanía. Pero lo que nosotros queríamos criticar es no sólo que no se reconozca ese derecho a la ciudadanía europea plena a los residentes extranjeros procedentes de países terceros (algo que también critica JMF pero que parece no darle suficiente importancia y que, en cambio, es una razón de peso para rechazar el proyecto, teniendo en cuenta que supone la exclusión de millones de personas trabajadoras de un futuro "demos" europeo) sino que tampoco se reconozca todas las nacionalidades existentes en el seno de los Estados.

Hay otras críticas que exigirían una respuesta más detallada por nuestra parte. Pero sí hay una cuestión que me parece importante: JMF defiende la representatividad de la Convención frente a quienes hemos señalado que ha sido escasa teniendo en cuenta que estamos hablando de un proceso constituyente a escala europea. Nos reafirmamos en esa crítica, asumida ampliamente en el Foro Social Europeo celebrado en Florencia en noviembre de 2002, ya que no ha habido la posibilidad siquiera de que ningún Parlamento estatal pudiera presentar enmiendas a lo largo de todo este período de elaboración ni tampoco el Parlamento Europeo puede hacerlo ahora, por no hablar de las organizaciones sociales, las cuales apenas han tenido derecho a una "audiencia" de escasos minutos, tal como denunciaban algunas de ellas en el Foro antes mencionado. El único órgano que puede enmendarlo es la Conferencia Intergubernamental, con lo cual se confirma la tendencia a reforzar el protagonismo de los ejecutivos en detrimento de los poderes legislativos y de la capacidad de incidencia en éstos de la opinión ciudadana. Ante algo tan importante como es el establecimiento de una "ley de leyes", de unas reglas del juego a escala europea, considerar que una institución basada en una representación en segundo grado y en una pluralidad aún más restringida que la que se da en el Parlamento Europeo y en los parlamentos estatales es suficiente para dotar de legitimidad procedimental a un proceso nada menos que autodefinido como "constituyente", significa aceptar una "democracia de baja intensidad" incluso en un momento fundacional, lo cual no hará más que facilitar la desafección ciudadana hacia las nuevas instituciones que surgirán en el futuro.

En resumen, tanto por el contenido fundamental -escrito y "material"- como por las intenciones que presiden el nuevo diseño institucional, este Proyecto no puede ser apoyado por quienes aspiren a la construcción de "otra Europa", una Europa libre del neoliberalismo, democrática, pacífica, basada en la igualdad y el respeto a la diversidad en todos los planos y en paz con los pueblos del Sur y el planeta Tierra. Las críticas a este Proyecto se están empezando a oír ya en el seno incluso de partidos socialistas europeos y sindicatos y, sobre todo, en el marco de la preparación del próximo Foro Social Europeo; no tienen nada que ver, además, con las objeciones que puedan poner Aznar y otros respecto a la inclusión o no del "cristianismo" o a la redefinición del voto ponderado entre Estados y poblaciones. La misión de IU ha de estar en colaborar con el amplio movimiento que lucha por que "otra Europa es posible" para que este Proyecto sea rechazado por la ciudadanía europea o, al menos, nazca con el mayor déficit de legitimidad posible. Dar su apoyo a este Proyecto sería contribuir al establecimiento de una Constitución dirigida a facilitar nuevos ataques a bienes públicos (ni siquiera la noción de "servicios de interés general" ha sido aceptada), derechos y libertades fundamentales.

El debate sobre todas estas cuestiones debería ser abierto ya orgánicamente dentro de IU en el marco de preparación de la VII Asamblea Federal, precisamente para que sirva para tratar de tener una posición común hacia fuera y evitar dar la imagen de posiciones contrapuestas, como ya está empezando a suceder. Espero haber contribuido a esta discusión, sin sectarismos y con la "serenidad y severidad" que pide JMF.

Madrid, 15 de septiembre de 2003

(*) Jaime Pastor es miembro de Espacio Alternativo y del CPF de IU