Gerardo Pisarello
A pesar de la ausencia de un debate informado y de calidad y de las dificultades de las posiciones críticas para hacer oír su voz en los grandes medios de comunicación, el referéndum del próximo 20 de febrero sobre el Tratado constitucional europeo marcará un importante punto de inflexión en la agenda política del Estado español y de la propia Unión Europea.
De entrada, no está claro que el gobierno del PSOE pueda cumplir su cometido de convertir la aprobación del Tratado constitucional en un inequívoco y pacífico plebiscito de su propia gestión. Las perspectivas de una elevada abstención y la histérica presión del Partido Popular y de ciertos sectores del propio gobierno para vincular el apoyo al Tratado constitucional con el rechazo al Plan Ibarretxe y la defensa de una «España fuerte y unida», constituyen elementos de «distorsión» que empañarán la exhibición a escala europea del «momento dulce» del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En cualquier caso, como pudo constatarse ya en las campañas contra el Tratado de Maastricht, es evidente que todo intento de crítica de izquierdas a la Unión Europea y sus políticas debe afrontar dificultades que van más allá de la clara asimetría de recursos disponibles y de la reticencia de los grandes medios a darle visibilidad.
Una no menor es que, sobre todo entre sectores generacionales que protagonizaron la «transición» de la dictadura franquista a la monarquía parlamentaria, la mención de Europa todavía evoca la posibilidad de dejar atrás un mundo autoritario, de atraso y de privaciones, para acceder a un mundo ilustrado, próspero y repleto de oportunidades. Precisamente por eso, «Europa», o la «integración europea», son expresiones, como se ha comprobado a lo largo de esta campaña, especialmente propicias a la mistificación y la manipulación.
Sin embargo, aunque detrás del «europeísmo» intuitivo de mucha gente pueda latir el anhelo de construir más allá de las fronteras estatales nuevos vínculos de libertad y solidaridad entre las persones y los pueblos, lo cierto es que la Unión Europea «realmente existente» ha resultado ser, sobre todo desde finales de los años ochenta, un proceso esquizofrénico: todo o casi todo para el mercado, para los grandes poderes privados; nada o casi nada para la Europa social, democrática, ecológica, plurinacional.
Contemplada con la perspectiva que proporciona la evolución del capitalismo global en las últimas décadas, esta Unión Europea no ha sido capaz de hacer honor a las mejores versiones de Europa que circulan en el «sentido común». Se ha llenado la boca con la palabra «democracia», pero se ha enquistado en un aparato institucional oligárquico y opaco apenas compensado por la convocatoria de procesos electorales desprovistos de todo entusiasmo ciudadano. Ha pronunciado con solemnidad la palabra «paz», pero bajo la tutela de la OTAN, ha asumido la obsesión securitaria y liberticida desatada por el 11-S y el 11-M y ha dado el visto bueno a guerras «humanitarias» y «preventivas» que han empeorado aún más las condiciones de vida de miles de mujeres, niños y hombres en cuyo nombre se aseguraba intervenir. Ha celebrado con tono autocomplaciente su «modelo social», pero al mismo tiempo se ha comportado como un agente activo al servicio de la globalización neoliberal y del desmantelamiento de los elementos más avanzados de ese mismo modelo. Ha proclamado al mundo su «solidaridad», pero ha exportado los costes sociales y ecológicos de sus formas de consumir y producir a sus vecinos más vulnerables, al tiempo que ha consentido que millones de personas inmigrantes dejen su vida a sus puertas o malvivan dentro de sus fronteras como si fueran simples cosas.
Un debate «constitucional» podría haber sido una excelente oportunidad para involucrar a amplios sectores de la ciudadanía en una reflexión colectiva sobre estas cuestiones y para imprimir al proceso de integración un rumbo diferente, capaz de salvar lo mejor del europeísmo solidario e internacionalista. Pero no ha ocurrido. Como tantas cosas en la Unión, el recurso a la palabra «Constitución» ha sido poco más que un golpe de imagen, una estrategia para «hacerse querer» sin arriesgar nada del modelo tecnocrático y neoliberal consolidado en las últimas décadas.
En el caso español, la derrota electoral del Partido Popular de José María Aznar fue celebrada por muchos como el cierre de una etapa autoritaria, torpemente blindada frente a las «señales de la calle». El nuevo gobierno socialista asumió sus funciones con el compromiso de impulsar una regeneración política levantando las banderas del «republicanismo cívico» y de la «democracia deliberativa». Sin embargo, la actitud frente al debate europeo ha servido para mostrar las considerables distancias que separan las promesas y el «talante» de las prácticas efectivas.
Ansioso por atribuirse el mérito de haber resucitado el Tratado constitucional, el gobierno no sólo apoyó la Comisión presidida por José Durao Barroso –probablemente la más neoliberal de las que ha habido hasta ahora– a cambio de una serie de puestos clave en las instituciones comunitarias. También se apresuró a anunciar un referéndum consultivo cuando, con dos años de margen por delante, la mayoría de la ciudadanía desconocía absolutamente el contenido del texto y éste ni siquiera estaría disponible en su versión completa hasta el mes de enero.
A partir de allí, y a diferencia de lo ocurrido en Francia, donde más del 40% de las bases del Partido socialista se pronunciaron contra el Tratado constitucional, todo el debate se ha reducido a una campaña superficial y sesgada, basada en la difusión aislada de los párrafos «más amables» del texto. Es más: vulnerando la legalidad vigente, se han utilizado fondos públicos para hacer propaganda a favor del Tratado y para ello ni siquiera se ha dudado en utilizar como escaparate los programas de la televisión basura.
Muchos de los partidarios de un «sí crítico» al Tratado constitucional sostienen que, con la actual «correlación de fuerzas», lo único que puede hacerse es apoyarlo y volcarse luego a demandar su reforma. Sin embargo, se trata de un argumento políticamente suicida y lógicamente insostenible. La derecha europea y los sectores más beligerantes del social-liberalismo han tenido un peso decisivo en la elaboración de este Tratado constitucional, que una vez aprobado exigirá la unanimidad de los 25 Estados miembros para cualquier reforma sustancial. Apoyarlo, aunque sea de manera «crítica», supondría por tanto fortalecer aún más la posición de éstos, desanimando a quienes de verdad podrían movilizarse a favor de una Europa alternativa.
Las afinidades atlantistas y neoliberales de la Comisión Barroso, la pronta puesta en marcha de programas militares o la inmediata reacción del Partido Popular Europeo –mayoritario en el Parlamento– frente al Plan Ibarretxe, son un anticipo de quiénes serán los gestores hegemónicos del «sí» en caso de que este Tratado constitucional llegue a ratificarse.
Una extraña inercia funcionalista ha dominado hasta ahora el proceso de construcción europea. Buena parte de la clase política europea y de los especialistas en cuestiones comunitarias suele asumirla, comparando la integración con una bicicleta que, para no caerse, debe acelerar su marcha de manera constante. Una izquierda alternativa y transformadora no puede apoyar esta lógica fatalista, que sólo ha servido para alimentar la crítica de la extrema derecha y del populismo conservador a una Unión cada vez más tecnocrática y alejada de la ciudadanía. Por el contrario, debería ser la primera en movilizarse para sacudir al ciclista, advertirle que lleva sueltos los frenos y estropeadas las luces y que, de no detenerse y cambiar de rumbo, puede acabar por estrellarse.
Como ya ocurrió en cierto modo con la Constitución española de 1978, más allá de lo que ocurra en el referéndum del próximo 20 de febrero, sólo la crítica sin complejos del núcleo ideológico de este Tratado constitucional permitirá mantener la legitimidad necesaria para impulsar la regeneración de la vida política en el ámbito estatal y la refundación de Europa. Una Europa federal y de los pueblos, social, democrática, ecológica y pacífica, al servicio de un internacionalismo solidario y de un horizonte civilizatorio superador de la barbarie capitalista.
