La propuesta de directiva de servicios en el mercado interior de la unión europea. un ataque frontal a la legislación laboral y al estado de bienestar
Carlos Ruiz Escudero *
En enero de 2004 la Comisión Europea (a través de la Comisaría de Mercado Interior, encabezada a la sazón por el ultraliberal danés, Frits Bolkestein) lanzó una propuesta de Directiva (para su posterior aprobación por el Parlamento y Consejo europeos, inaugurando así el procedimiento de codecisión) al objeto de estimular la prestación de servicios en el mercado interior, buscando la total liberalización tanto para el establecimiento en la UE-25 de empresas prestatarias de servicios como para la circulación y provisión transfronteriza de los mismos. Esta Directiva (denominada vulgarmente Directiva Bolkestein, DB) constituye el ataque más completo y radical realizado hasta ahora por la CE contra los restos del estado de bienestar presentes todavía en la UE y contra las legislaciones y normativas existentes en los Estados Miembros (EM) que permiten la protección de los trabajadores y usuarios de servicios. dado que pretende eliminar cualquier obstáculo (incluyendo legislaciones laborales, convenios colectivos, medidas de higiene y seguridad en el trabajo o de protección del ambiente ) que pudiera perturbar la total libertad en la prestación de todos los servicios objeto de actividad económica.
En primer lugar, la DB no establece ninguna separación ni tratamiento diferenciado del resto de los servicios para los Servicios Públicos, ofrecidos por las diversas autoridades administrativas, (denominados en la jerga comunitaria Servicios de Interés General, SIG),excluyendo únicamente a aquellos servicios prestados por estas administraciones sin contrapartida económica alguna (bien sea directa, a través del pago de tasas, o indirecta, mediante su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado), que suele ser el modo habitual en que el sector público financia los SSPP.
Además, está desregulación se alcanzará mediante la eliminación y adecuación gradual del régimen actualmente existente a nivel de los Estados Miembros (EM) , por el que se exigen diversas autorizaciones previas y el cumplimiento de determinadas exigencias y limitaciones administrativas, tanto para el establecimiento y posterior funcionamiento de las empresas prestatarias de servicios , como para la libre circulación de los mismos. Asimismo, los EM deberán obtener la aprobación previa de la UE para modificación de las medidas actuales o incorporación de nuevas, que busquen una mayor y más eficaz protección de trabajadores y usuarios.
Lo que es más grave aún, mediante la introducción del denominado principio del “país de origen” , las normativas, controles y legislaciones que se aplicaran a los trabajadores desplazados temporalmente a otro país para la prestación de servicios, dejarán de ser las propias del país donde se presten los servicios y serán sustituídas por las correspondientes del país donde se ubique la sede social de la empresa prestataria, lo cual dificultara extraordinariamente la supervisión de las actividades de la misma por parte de las autoridades del país de acogida .
La Directiva sobre Servicios propuesta regiría para todos los niveles de la Administración Pública, violando así el principio de subsidariedad, y amenaza con tener un impacto importante sobre la legislación social y laboral de los EM.
El principio del “país de origen” puede fomentar el tratamiento desigual de los trabajadores dependiendo de la procedencia de la empresa empleadora ,y originar situaciones de discriminación. Esto, aparte de violar derechos colectivos garantizados por el Tratado de la Comunidad Europea, puede entrar en conflicto directo con otras Directivas de la Unión Europea en materia de salud y seguridad, protección en contra de la insolvencia, y con estándares laborales sancionados por la Directiva sobre Contratación y Adquisición Publica y sobre reconocimiento de calificaciones profesionales y convenios colectivos.
La Directiva propuesta arrebataría a los EM los instrumentos necesarios para imponer sus leyes laborales y estándares de empleo, viéndose más mermado su poder de control sobre los mismos por la abolición del requisito de la declaración previa al establecimiento de la empresa en el país , de la obligación de mantener la documentación laboral y contable, e, incluso, de disponer de un representante legal de la empresa en el país donde se presta el servicio.
Esta Directiva propuesta no tiene en cuenta ( o quizás pretende aprovechar) los aspectos sociales y laborales en una UE muy heterogénea de 25 miembros con grandes diferencias en protección social, y carente de una normativa que armonice estas cuestiones, alentando de hecho a las grandes empresas a beneficiarse de las asimetrías existentes en materia fiscal, sanitaria, laboral o medioambiental, mediante el establecimiento de sus sedes en los países con menor nivel de exigencias y protección para la posterior prestación de servicios en otros EM, ateniéndose a las reglas y normas del país de origen, lo que conduciría al “dumping” social y al inevitable deterioro laboral y salarial de los trabajadores, así como a la desprotección de los consumidores de los servicios, compitiendo los países entre sí por reducir sus normas, para pretender mitigar así las deslocalizaciones y pérdidas de empleo en sus territorios.
Desde su presentación esta propuesta ha suscitado un amplio rechazo social y político, con la presentación de numerosas protestas y exigencias de retirada o revisión de la misma, tanto por parte de sindicatos (destacando la Confederación Sindical Europea y la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, y, en nuestro país, CCOO, UGT y CGT) , organizaciones ciudadanas y altermundistas (entre muchas otras, la red europea de ATTAC, que decidió en el último Foro Social Mundial de Porto Alegre llevar a cabo actos de protesta unitarios en Bruselas el 18 y 19 de marzo de 2005, incluyendo debates en la sede del Parlamento Europeo ),corporaciones locales (como el gobierno de la región de Bruselas capital), partidos (destacando el Partido Socialista Europeo y los Partidos Socialistas de Francia y Bélgica ), autoridades políticas de los EM ( destacando el rechazo expresado por Francia , el gobierno flamenco y los países nórdicos, así como del Senado de Alemania ) , como del propio Parlamento Europeo (que rechazó el pasado 24 de febrero una petición de aprobación de la DB por parte del PPE) y del Comité Económico y Social Europeo(integrado por representantes de la patronal, trabajadores y sociedad civil que, en sesión del 10 febrero 2005, solicitó una enmienda a la totalidad de la propuesta).
Lo que se ha pedido a la Comisión es que , si no retira esta propuesta, al menos la someta a una profunda revisión , con la supresión del principio de país de origen , la exclusión de los servicios públicos y la necesidad de contar previamente con una directiva marco que armonice la prestación de servicios de interés general (incluyendo los servicios sociales) en el ámbito de la UE, así como con la armonización de las reglamentaciones sectoriales relativas a autorizaciones y exigencias para el establecimiento de empresas y la libre circulación de servicios.
Todo esto ha motivado que la CE (en declaraciones de Durao Barroso y del actual Comisario Mc Creevy), haya reconocido la necesidad de introducir algunos cambios en ese sentido (aguardando al informe del Parlamento en junio 2005), para evitar principalmente el “dumping” social, pero sin renunciar al principio de país de origen, y resaltando la necesidad de esta Directiva para cumplir así con los objetivos de la Cumbre de Lisboa de que la UE sea la región más competitiva y dinámica del mundo en lo concerniente a la industria del conocimiento, para lo que se precisa la total liberalización de servicios.
Es destacable que el único apoyo público a esta propuesta, procedente de instituciones privadas , ha sido una carta suscrita por 15 expertos, economistas y empresarios, pertenecientes a la semi-secreta sociedad Monte Pelerin, fundada por el economista ultraliberal Friedich Von Hayek a finales de los 40, y que integra a economistas , políticos y empresarios ultraliberales, como la Sra. Margaret Thatcher.
* Presidente Attac Madrid
