Joan Fradera

“Ustedes tienen un problema... muy grave”. Esta afirmación corresponde, evidentemente, al presidente Maragall, en un contexto muy distinto de aquel que la ha hecho mundialmente famosa. En una de sus visitas al barrio del Carmel a raiz de la catástrofe y en conversación con una vecina con muchos años de residencia en el barrio, ésta reconoció: “Sí, lo tenemos desde hace 35 años.”

Un barrio que no es de diseño

Esta señora expresaba de forma rotunda la convicción de que el drama actual ha sido uno de los episodios negativos (seguramente el más espectacular) de un barrio especialmente maltratado por la expansión urbanística incontrolada de los años 50 y 60, que acabó con lo que había sido el barrio del Carmel hasta entonces: un lugar de ocio, de meriendas, reuniones y romerías, donde poco a poco la burguesía había ido construyendo chalés y se iban formando pequeños núcleos de población basados en el típico binomio de la casita y el huertecillo.

Desde aquellos años, las colinas del Carmel se convierten en el refugio de una inmigración explotada de manera salvaje, desatendida totalmente por las autoridades y obligada a construir y a vivir en terrenos inestables y peligrosos. Hecho “a puñetazos” según la dura expresión de una histórica dirigente vecinal, con un paisaje que combinaba las chabolas con bloques inmensos de pésima calidad, sin medios de transporte ni servicios, el barrio se convirtió en un ejemplo emblemático del porciolismo, de una expansión mal llamada urbana que dejó como herencia toda una serie de desastres suburbiales.

El Carmel también fue, los últimos años del franquismo, un centro de resistencia vecinal y obrera. Como ejemplo, cuando Porcioles dejó definitivamente el cargo, los vecinos lo celebraron con una manifestación multitudinaria. Era el año 1974 y comenzaba una nueva etapa. Como no podía ser menos, el barrio ha ido cambiando de fisonomía y la situación de la población se ha ido dignificando. Este proceso, pero, ha sido muy lento (como ejemplo, las chabolas no se eliminaron hasta el año 90) y, lo que es más importante, no ha alterado la base de defectos estructurales del barrio (una pésima construcción sobre unos terrenos, que por sus características geológicas no podían ser objeto de una ocupación intensiva).

La fragilidad del sistema urbanístico era bastante conocida por todas las autoridades y por el propio vecindario y se ha evidenciado en diferentes momentos. Así, la construcción del túnel de la Rovira obligó a desalojar a 25 familias y, en la década de los 90, diferentes alarmas, por deslizamientos del terreno o por el deterioro de diferentes edificios, provocaron nuevos desalojos de vecinas y vecinos.

El estallido de la crisis

Muchas cosas han cambiado desde el 27 de enero, cuando el hundimiento del túnel de maniobras puso en grave peligro la vida de los trabajadores de la obra y de los habitantes de la zona, obligó a desplazar a más de un millar de personas, paralizó por tiempo indefinido la ampliación de la línea 5 del metro y ha dejado importantes secuelas en muchos edificios del barrio, sin olvidar otros efectos colaterales.

Con el túnel de maniobras se ha hundido también la confianza de la gente en las administraciones. Aunque el abanico de responsabilidades sea bastante amplio, queremos destacar algunos aspectos:

Planteado como un problema a resolver entre técnicos, todo el proceso de gestación, adjudicación y ejecución de las obras ha sido un modelo de opacidad, del que el vecindario y sus representantes las AAVV han sido totalmente excluídos. Una información transparente y un debate público abierto, con la posibilidad de que los afectados pudiesen presentar alegaciones asesorados por técnicos independientes, puede que no hubiesen evitado el desastre pero habrían incrementado la presión en favor de mayores garantías de seguridad.

Tenemos el comportamiento del gobierno tripartito que, sobre todo durante las primeras semanas de la crisis no ha sido muy diferente al de cualquier administración conservadora, como en su momento la actitud de los gobiernos del PP (estatal y autonómico) ante el desastre del Prestige:

• en un primer momento, intentar minimizar los efectos del desastre (“los vecinos podrán volver en pocos días a sus casas”), retardando la formación de un gabinete de crisis.
• control de la información, impidiendo el acceso de la prensa a la zona del túnel, a los hoteles donde se alojaban los vecinos desplazados y a las reuniones amplias que las administraciones celebraban con las personas afectadas.
• negativa a formar una comisión parlamentaria de investigación y a asumir responsabilidades políticas.
• buscar la complicidad con la anterior administración de CiU (“hemos mantenido la continuidad institucional”).

Esta política era insostenible. Con la suspensión de las obras y el retorno de las familias desalojadas, el alcance del incidente era innegable, como reconocía Maragall al comparar la crisis con la del Prestige. Al mismo tiempo se comenzaban a hacer públicas las diferentes irregularidades que rodearon el proceso de adjudicación y construcción y las personas afectadas mostraban su indignación ante las resoluciones contradictorias, la escasa coordinación de los servicios, la falta de respuestas y la filtración de detalles que ponían los pelos de punta.

El tripartito intentó recomponer su imagen de transparencia, aceptando la comisión de investigación, creando la oficina antifraude dependiente del Conseller en Cap, emprendiendo acciones legales contra las empresas constructoras encargadas de la obra (previamente la jueza de instrucción ya había admitido a trámite una querella presentada por los comerciantes de la zona) y anunciando reformas en la estructura y funcionamiento de la empresa pública GISA, que se encarga de las adjudicaciones de la mayor parte de la obra pública.

Al mismo tiempo, intentaba descargar toda la responsabilidad sobre la administración anterior. Aun quedan muchos detalles por aclarar en toda la trama de responsabilidades entre GISA, las empresas que compartían la dirección de la obra, las empresas contratadas y subcontratadas, etc., pero la perversión del sistema de adjudicaciones y las irregularidades en las modificaciones del proyecto original resultan evidentes. También parece bastante claro que el presupuesto de la obra, teniendo en cuenta la problemática del terreno (que precisaba más pruebas preliminares y más medidas de control sobre la ejecución) se había ajustado hasta límites poco recomendables.

Lo que llama más la atención es que los mecanismos de control previstos han fallado estrepitosamente. La incidencias y anomalías (como los movimientos en la base del túnel detectados en el mes de octubre) quedaron registrados documentalmente por las empresas pero la empresa pública GISA no tomó ninguna medida correctora. Aparte de desentrañar y de depurar la responsabilidad directa de la dirección de GISA en el tema, es evidente que la externalización de los mecanismos de control (que se delega a las mismas empresas que presentan el proyecto y asumen la dirección de la obra) ha llegado a límites de escándalo.

Siendo clara la implicación del gobierno de CiU en el diseño y adjudicación del proyecto, nada puede eximir de responsabilidad a la actual administración, que lleva quince meses gobernando y que en ningún momento, antes del 27 de enero, había expresado ninguna reserva al proyecto, a la adjudicación o a las diferentes fases del proceso de construcción, y había dado el visto bueno a las modificaciones que sobre la marcha habían realizado las empresas.

Los silencios en voz alta

Todo este debate ha pasado a un segundo plano después de la sesión memorable del Parlamento de Cataluña, en la cual, el presidente de la Generalitat, con pocos minutos de diferencia y con una economía de palabras insuperable, confirmaba la veracidad de dos sospechas ampliamente generalizadas en la sociedad catalana:

• el cobro por los partidos de comisiones por la adjudicación de las obras, una práctica bastante generalizada que no conoce fronteras, que afecta a los diferentes ámbitos de la Administración, desde la estatal a la municipal, y que es transversal a las diferentes ideologías consolidadas como partidos políticos, como saben muy bien en el PSOE, donde aun tienen fresco en la memoria el asunto FILESA.
• el pacto de silencio entre los dos grandes partidos de Catalunya (CiU i PSC) que explica la falta de investigación y de aclaración de tantos asuntos de legislaturas anteriores (como el de las encuestas encargadas por la Generalitat).

De los días posteriores quedan por recordar el desconcierto e incomodidad de la dirección socialista en Catalunya y en el Estado (que lo último que quiere es abrir un frente anticorrupción), diferentes episodios que superarían la mejor película de los hermanos Marx, y sobre todo, la imagen de un presidente de la Generalitat atrapado por sus propias palabras,incapaz de aclarar o de rectificar las afirmaciones realizadas en el Parlamento de Catalunya.

Resulta especialmente lamentable la actuación de los dos socios menores del tripartito,incapaces de abrir un debate valiente sobre las diferentes formas de corrupción (que van mucho más lejos de las comisiones) y de los mecanismos legales y administrativos para hacerle frente. En el caso d'IC, al proverbial seguidismo respecto del PSC se ha unido un miedo visceral a que el clima de confrontación pueda afectar a la redacción del Estatuto, por tanto, lo mejor es no hablar del tema y pasar página cuanto antes mejor. En el caso de ERC, el partido de “las manos límpias y la palabra libre”, después de un breve intento de abrir el debate sobre la financiación de los partidos, que legaliza las donaciones anónimas, de las que uno de los principales beneficiarios ha sido CiU, ha preferido quedarse en una discusión sobre las formas parlamentarias, reclamando rectificaciones a todo el mundo, para “recomponer el diálogo político”.

No vale decir que ya investigarán los jueces o la fiscalía. Es necesario modificar la ley de financiación de partidos y establecer una transparencia en el proceso de adjudicaciones; y me sabe muy mal dar la razón a Josep Piqué, pero una oficina contra el fraude que dependa del propio gobierno de la Generalitat, no cuenta con la más mínima credibilidad.

Un movimiento por la transparencia, la seguridad y la equidad

Muchas cosas estan cambiando. También los movimientos vecinales de protesta, después de la dispersión y atomización iniciales, han ido unificando sus propuestas. La manifestación del 5 de marzo convocada por las AAVV “Contra la Barcelona del riesgo”, aunque no ha podido superar totalmente la división entre el vecindario del Carmel, es un paso en la buena dirección. Recordemos las reivindicaciones más importantes de aquella jornada:

• Reparación, con justicia y equidad, de los daños provocados, respetando la opinión de las personas afectadas.
• Extensión de las ayudas que se pacten para el Carmel, a todas las personas de Barcelona y Catalunya afectadas por obras públicas que se lleven a cabo en el subsuelo.
• Medidas de transparencia, seguridad y control sobre las obras públicas pendientes.

Es necesario añadir que es el momento de exigir, también, una justicia territorial, justicia para todos los barrios olvidados por la Barcelona del diseño; y ha de ser también la hora, evidentemente, de una rehabilitación integral del Carmel, hecha con transparencia, rigor y participación del vecindario.