Lluís Rabell y Salva Torres *
La crisis desatada por los hechos del Carmel de Barcelona va mucho más allá del cuestionamiento de la gestión, anterior y presente, de la Conselleria de Política Territorial y de Obras Públicas de la Generalitat. De hecho, a nadie se le oculta que el futuro del tripartito catalanista y de izquierdas – y, singularmente, el de algunas fuerzas políticas que, como Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), habíamos apostado por ese gobierno - están en juego. Y es que, de un modo inesperado y cuando casi nadie contaba con ella, la vieja lucha de clases ha hecho irrupción en nuestro amodorrado “oasis catalán”. Desde luego, no ha sido todavía bajo la forma “clásica” de un brusco incremento de la conflictividad laboral. (En el terreno del movimiento obrero y ante una notoria docilidad de las direcciones sindicales mayoritarias, sólo algunas fábricas pelean por su supervivencia... o incluso por una indemnización digna de sus plantillas ante un cierre inminente). Pero los antagonismos que atraviesan nuestra “sensata” sociedad catalana se han manifestado con viveza, revelando el enorme costo humano que conlleva la obtención de beneficios privados por parte de los grandes grupos capitalistas y sacando a la luz la corrupción que éstos generan en la administración pública.
He aquí el trasfondo del desastre del Carmel: ahorro en los gastos de ejecución de las obras; subcontratación en cadena, incluso de la propia supervisión de los trabajos; atribuciones a un grupo selecto de constructoras – participadas por un no menos exquisito areópago de banqueros... Aparte de connivencias o dejación de responsabilidades desde determinadas esferas. En una palabra: todo un suculento negocio – para unos cuantos - a cuenta del erario público. ¿Herencia del pujolismo? Indiscutiblemente. El problema para la izquierda consiste sin embargo en que esa herencia, ese “modelo” de realización de las obras públicas, no ha sido puesto en tela de juicio de un modo radical y consecuente por parte del tripartito – más allá de la inevitable búsqueda de responsabilidades cuando el mal ya estaba hecho y de algunos cambios de organigrama en la burocracia autonómica.
Y habría que añadir enseguida que apenas estamos señalando la parte trágicamente visible del iceberg, que el problema es mucho más amplio: se refiere a otras muchas “herencias” del pasado y, en general, al hecho que el programa y la praxis del tripartito no desborden ni cuestionen los parámetros del neoliberalismo. Algo que, en Catalunya, reviste unas formas concretas, enraizadas en los particularismos estructurales del país, como la relación parasitaria de la medicina privada respecto a red asistencial pública y a los recursos de la seguridad social, o las ventajosas subvenciones que tradicionalmente percibe la enseñanza privada – en primer lugar, religiosa. Estamos hablando de ámbitos de competencia de la Generalitat. Hay miles de escolares en barracones por falta de presupuesto, así como enormes carencias en recursos humanos y equipamientos en cuanto a la enseñanza obligatoria y la red de guarderías; se arrastra aún una enorme precariedad laboral entre el personal docente de la escuela pública; las listas de espera y las dificultades del sistema hospitalario se acrecientan... Por no hablar de la espiral de la especulación inmobiliaria y la escasez de vivienda de protección oficial, de la degradación de ciertos barrios o del aumento espectacular de la pobreza en determinados colectivos...
En un reciente debate televisivo con jóvenes, el president Maragall declaraba que la pretensión del gobierno era lograr que “el mercado no afectase sus vidas de una manera tan bestial”. Pues bien, ahí está toda la cuestión: el mercado es implacable, despiadado con esos jóvenes, con las mujeres, con la emigración, con los pensionistas... con la gente del Carmel, con los trabajadores y trabajadoras de Miniwatt - que las multinacionales han designado como carne de deslocalización industrial... ¿Qué hace ante todo eso “nuestro” gobierno? (Valgan las comillas para significar, puesto que desde EUiA no hemos dudado en considerarnos “fuerza de gobierno”, lo mucho que tenemos que responder por su actuación... y lo poco que pesamos realmente en sus decisiones). En resumidas cuentas, el tripartito trata de temperar – sin mucho éxito – los rigores del liberalismo, esforzándose por conciliar los intereses contradictorios de las distintas clases sociales.
Vano intento, cuya vacuidad irá revelándose en todos los terrenos. La crisis actual ya lo está demostrando. Lo más preocupante, sin embargo, es la manera extremadamente timorata y defensiva en que ha reaccionado ante tales acontecimientos la llamada izquierda transformadora. Primero, escondiendo la cabeza bajo el ala frente a las responsabilidades que se nos venían encima; luego, asustándonos de la crispación parlamentaria y, finalmente, poniéndonos a gritar “que viene la derecha”... sin ver hasta qué punto todo nuestro comportamiento le está alisando justamente el terreno.
A la defensiva...
Mala cosa fue ya, por falta de decisión, no tomar de inmediato la iniciativa en reclamar una investigación parlamentaria sobre los hechos y las responsabilidades que se derivaban de ellos. Peor han sido aún las reacciones tras estallar la tormenta política a raíz de la airada réplica de Maragall acerca del cobro de comisiones ilegales por adjudicación de obras por parte de CiU. Hostigado por una derecha imprudente, el president fue en aquella ocasión mucho más lejos de lo que él mismo hubiese querido. ¡Por una vez que la “maragallada” consistía en un ataque contra la derecha... he aquí que los socios del tripartito dan muestras de arrugarse! El hecho de que Esquerra Republicana vuelva a coquetear con la idea de la “equidistancia” no debería sorprender a nadie: ERC trata de situarse ventajosamente de cara a próximas contiendas electorales, preocupada – mucho más que por la vertiente social que está en juego – por alcanzar la hegemonía del espacio nacionalista. La clave de la situación, sin embargo, reside en la izquierda del tripartito. Y hay que decir que, hasta ahora, no ha estado a la altura. No se puede reaccionar como lo hizo Joan Saura diciendo que “no teníamos noticia de lo del 3%”. La situación creada planteaba justamente la acuciante necesidad de imprimir un decidido giro a la izquierda en la actuación del tripartito, golpeando los intereses de la derecha y rompiendo con los sacrosantos dogmas neoliberales. Era – y es todavía – el momento de exigir que paguen las constructoras que han estado forrándose a base de “ahorrar en cemento”. Era – y sigue siendo - hora de una depuración de responsabilidades entre los altos cargos de la administración, amigos de los intereses privados. Pero, sobre todo, es la hora de plantear que sólo es posible acabar con el despilfarro, las chapuzas y la corrupción, asumiendo la ejecución y el control de las obras desde una empresa pública de construcción... y haciendo, desde el poder político, que las Cajas de Ahorro cumplan con el papel financiero que les correspondería, al servicio del interés social general. He aquí un cambio de verdad, en ruptura con la lógica del neoliberalismo, que abriría la vía a cuestionar la distorsión que inducen los negocios capitalistas en dominios de interés público tan sensibles como la sanidad o la enseñanza, o a plantearse políticas enérgicas frente a los abusos de las multinacionales...
Pero la izquierda ha demostrado tener miedo también de la lucha de clases. Invocando sin cesar la necesidad – por otro lado indiscutible – de atender a los vecinos y vecinas afectados, el gobierno ha intentado desactivar la crisis. El resultado, a fuerza de no atreverse a romper con el pasado, de hablar mucho y hacer poco, ha sido que cuando esa ciudadanía ha salido a la calle para manifestar su legítima indignación... ha acabado gritando que todos los políticos son iguales. Y ahí, desde luego, quien se frota las manos y mejora sus expectativas es el PP, la derecha más reaccionaria. ¡Vergüenza nos debería dar que la base social de la izquierda se vea inducida a semejante conclusión bajo un gobierno progresista!
Y ahora, el Estatut...
Por si fuera poco, no sólo nos hemos achicado ante la derecha, sino que hemos corrido a pedirle que no abandone los trabajos de elaboración del nuevo Estatut de Catalunya. Después de lo que está pasando, es como para echarse a temblar. ¿Qué clase de Estatut se pretende redactar por consenso con la derecha burguesa y con los retoños del franquismo? Acontecimientos como los del Carmel ponen justamente de relieve que la ciudadanía de Catalunya, la inmensa mayoría – humilde y trabajadora - de su población necesita un nuevo marco jurídico para defender sus intereses y progresar: necesita fuerza, cohesión y libertad para discutir con Madrid o con Bruselas; necesita recursos, una fiscalidad y una financiación justas, para atender a las necesidades sociales del país; requiere poder de decisión y autogobierno para que prevalezcan los intereses de esa mayoría... Desde la izquierda más combativa o marxista, nunca hemos visto los problemas de la libertad nacional como una cuestión “identitaria”, como se ha puesto de moda decir ahora, sino como una necesidad del desarrollo histórico, intrínsecamente ligada a un trasfondo social. Para nosotros, más democracia política, mayores cotas de libertad nacional, no significan mayor “armonía” o “paz social”, sino todo lo contrario: mejores condiciones para que nuestra gente se organice, se defienda y haga avanzar sus aspiraciones. Algo que, en la época de la globalización, adquiere una extraordinaria relevancia.
Sin embargo, viéndo estos días la actuación de EUiA o de ICV – por no hablar de las restantes fuerzas coaligadas -, cualquiera diría que queremos un Estatut para institucionalizar el “oasis catalán”; que pretendemos recomponer el clima de “unidad nacional” que una lucha de clases, latente bajo el asfalto que recubre las calles de Barcelona, ha resquebrajado al mismo tiempo que los edificios del Carmel. Por ese camino, la izquierda sería incapaz de arrinconar la influencia del nacionalismo; la búsqueda ilusoria de un consenso entre todas las fuerzas políticas provocaría división entre la gente trabajadora y, en medio de la consiguiente frustración, una formación como EUiA tendría todos los números para correr con la peor parte...
Lo que está ocurriendo constituye un serio aviso. Urge exigir un decidido giro social del tripartito. Y urge vincular de una manera comprensible algo tan importante como es el Estatut a las necesidades de la ciudadanía y a su movilización. Si pretendemos sustituirla por artificios parlamentarios, la derecha nos ganará una vez más la partida. Es hora de que discutamos la mejor manera de empujar efectivamente en ese sentido. Por lo pronto, la presencia testimonial, en cargos de segundo orden, que tiene EUiA en el tripartito parece acarrear una desmesurada corresponsabilidad e inducir una parálisis de nuestra iniciativa política. En tales condiciones, es legítimo plantearse si no pelearíamos mejor contra la derecha con las manos libres, desde fuera del gobierno, dándole nuestro apoyo crítico y empujándole desde los movimientos sociales, las luchas sindicales o las asociaciones vecinales. En cualquier caso, eso sería más leal hacia nuestra gente y hacia el propio tripartito (y mucho más educador) que la penosa imagen de unos socios dispuestos a compartir el poder... que escurren el bulto cuando, por la propia dinámica de los acontecimientos, los socialistas chocan con la derecha.
En EUiA creíamos tener resuelta la ecuación: reforzar la izquierda transformadora en cierto modo de la mano de ese gobierno; o, como decía también Joan Saura, “con un pié en el gobierno y el otro en la calle”. Eso tal vez sea posible para una formación como ICV. Es más dudoso, sin embargo, que el perfil de EUiA permita hacer lo mismo. La discusión está planteada.
* Lluís Rabell i Salva Torres, son miembros de EuiA i del POR.
