Joan Fradera
La propuesta de financiación del tripartito
Sólo es una propuesta de gobierno. Queda aun todo un proceso de debate parlamentario (y de negociación con CiU) para incluir el punto de la financiación en el proyecto de estatuto catalán. A pesar de esto, se han disparado todas las alarmas. Zapatero ha dicho muchas veces que Catalunya ha de mejorar su financiación. Pero cuando el gobierno amigo de Catalunya hace pública su propuesta, la descalificación del PSOE y del Gobierno del Estado es inmediata: “expulsión fiscal del Estado”, “soberanía fiscal” y sobre todo, “el modelo financiero lo decide todo el país”. A partir de aquí se abre la veda, con las reacciones más que previsibles del PP y de los barones regionales del PSOE.
Antes de entrar en polémica, es necesario decir que la propuesta del tripartito plantea dos cuestiones perfectamente diferenciables. La primera hace referencia a la distgribución de competencias entre Catalunya y el Estado, como son la asunción por la Generalitat de la responsabilidad fiscal y de la capacidad normativa sobre la totalidad de los impuestos soportados en Catalunya, y coherentemente, la creación de una agencia tributaria catalana, responsable de la recaudación e inspección de todos los tributos.
El control y la capacidad de decisión de Catalunya sobre sus recursos como base para un sistema de financiación equitativo y suficiente es una aspiración ampliamente mayoritaria en la sociedad catalana y es perfectamente coherente con una concepción plurinacional del Estado. Aquí el tripartito y el Paralament han de resistir las presiones del gobierno central y de todo tipo de demagogos y abrir el debate social para que las bases de un nuevo sistema de financiación catalán queden claramente recogidas en el proyecto de Estatut.
Las otra cuestión es el uso que se ha de hacer de estas competencias y la distribución de los recursos fiscales obtenidos en Catalunya. Aquí tenemos diferencias de fondo con aspectos esenciales de la propuesta del tripartito, claramente prisionera de postulados neoliberales.
Así, al hablar de los principios que han de guiar la actuación tributaria de la Generalitat se mencionan “la equidad y la eficiencia, la cohesión y el bienestar social, el progreso económico y la sotenibilidad medioambiental”. Los redactores han olvidado un principio básico de justicia redistributiva: la progresividad fiscal. En este aspecto la propuesta del tripartito queda por debajo de la constitución española vigente.
Esta omisión no nos ha de extrañar nada. Tal y como ha denunciado un reciente informe de CCOO de Catalunya (sindicato poco sospechoso de radicalidad social), en poco tiempo el gobierno tripartito ha profundizado el carácter regresivo del espacio fiscal catalán, con el incremento de los impuestos indirectos y la multiplicación de las tasas.
La propuesta de financiación debería de relacionar el espacio fiscal propio con el impulso de políticas de bienestar y de redistribución para hacer efectivos los derechos sociales (viejos y nuevos) que han de quedar recogidos en el nuevo estatuto. El tripartito, en cambio, prefiere la ambigüedad para no perdere la complicidad de los sectores empresariales. Tampoco se mencionan, en ningún momento, objetivos y políticas de solidaridad más allá del marco estatal.
¿Qué tipo de solidaridad entre CCAA?
En el artículo 7, al situar los mecanismos de nivelación entre las diferentes comunidades autónomas, se hace depender la solidaridad del esfuerzo fiscal realizado por éstas comunidades. Sea cual sea la interpretación que se dé a un término tan poco riguroso como esfuerzo fiscal, está claro que se está olvidando el objetivo primordial de la solidaridad a nivel estatal, que no es otro que la garantia y extensión a toda la población de los derechos sociales básicos, además de promover un desarrollo equilibrado y sostenible de todos los territorios. Sin esta referencia básica (que se podría situar en unos porcentajes del PIB estatal a dedicar a educación, sanidad y otros servicios y que permitiría hacer frente a la erosión y degradación del estado del bienestar), algunos criterios que utiliza la propuesta no dejan de ser arbitrarios, como la participación del Estado en un 50% de los impuestos catalanes.
Está claro que una mayor transparencia serviría para hacer evidentes las faltas de equidad del actual modelo de financiación, que afectan negativamente al desarrollo social de Catalunya. Sin olvidar el déficit tradicional de infraestructuras, el último sistema aprobado el año 2001, al tomar como referencia la población del año 99, penaliza duramente a las comunidades con más crecimiento demográfico (en cinco años los ususarios de la sanidad catalana han aumentado en un millón de personas). Tampoco tiene en cuanta otros factores, como la necesidad de acoger la nueva inmigración o los costes diferenciales.
Pero, como no pone por delante las necesidades de la población, y por tanto, la suficiencia financiera para atenderlas, la propuesta del tripartito pierde de vista que muchos de los problemas de la financiación de Catalunya los padecen igualmente una mayoría de CCAA (como pasa con el déficit sanitario), impidiendo la posibilidad de una alianza con la gente progresista del conjunto del estado.
Por contra, algunos términos de la propuesta y algunas declaraciones de miembros del tripartito (“es necesario poner límites a la solidaridad”) facilitan la demagogia españolista, ya que presentan las reivindicaciones de Catalunya como un conflicto entre territorios, bien en confrontación con las comunidades más pobres, bien en disputa con la comunidad de Madrid para liderar el crecimiento económico.
Un sistema insuficiente, injusto y regresivo
En todo este debate envenenado se están perdiendo de vista aspectos esenciales de la cuestión. Si las CCAA tienen problemas de financiación en la gestión de la sanidad y de la educación, es por la existencia de un sistema fiscal insuficiente y regresivo. Como en otros ámbitos, el modelo neoliberal de construcción de la Unión Europea está condicionando las políticas de los diferentes estados. La socialdemocracia europea hace tiempo que ha claudicado ante las presiones de las multinacionales y del capital financiero, abandonado cualquier intento de armonizar la imposición directa. El resultado ha sido la carrera de rebajas fiscales que ha afectado sobre todo al impuesto de sociedades, que en menos de 10 años ha pasado de un tipo medio del 40% al 30% actual.
En el estado español, las sucesivas rebajas de la tarifa del IRPF y la introdución de la tarifa especial para gravar los beneficios patrimoniales a un tipo fijo del 15%, han hecho que este impuesto haya ido perdiendo relevancia ante los impuestos indirectos y, en particular, el IVA.
La distribución de la cesta de impuestos entre el estado y las CCAA también tiene unos efectos preversos sobre el conjunto del sistema tributario. Los impuestos directos cedidos total o parcialmente representan una parte menor de la recaudación total, y las CCAA no escapan a la tendencia general a las rebajas fiscales a la imposición directa (algunas comunidades gobernadas por el PP han suprimido en la práctica el impuesto de sucesiones) y las comunidades con dificultades de financiación estiran de los impuestos indirectos, bien incrementando las tarifas de los ya existentes o bien creando nuevos impuestos.
El gobierno de Zapatero sigue en esta línea como se puede ver con el tratamiento que se da al déficit sanitario. A finales de marzo se insinuaba la posibilidad de incrementar el IVA, y de reclamar a las CCAA que incrementasen los impuestos que tenían cedidos (como sabemos Catalunya, Madrid y Galicia ya están aplicando el impuesto sobre hidrocarburos). Poco después, el gobierno central anunciaba una fuerte reducción del Impuesto de Sociedades para dar más competitividad a la economía.
Un discurso propio de la izquierda
Con el tema de la financiación, que afectará a las condiciones de vida de toda la población, el debate estatutario está llegando al punto que despierta el máximo interés entgre los sectores más amplios de la sociedad. A partir de un discurso propio de la izquierda que vincule la soberanía fiscal con la garantía y ampliación de los derechos sociales, la suficiencia financiera de los sistemas públicos, una fiscalidad progresiva y unos objetivos claros de solidaridad, es posible generar un estado de opinión entre los sindicatos, movimientos vecinales y sociales y población en general para incidir en el debate parlamentario.
Más allá del debate estatutario, la discusión sobre financiación ha de servir para organizar la respuesta ciudadana ante los aspectos más regresivos de la política fiscal del tripartito, acompañada de la exigencia de un giro social en profundidad. Esta será la condición para que los espacios de soberanía fiscal que se puedan ganar repercutan en la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población y no en los beneficios de los sectores empresariales.
