El nuevo curso político comienza en medio de una coyuntura internacional marcada por la creciente gravedad del cambio climático global, puesta de relieve por la catástrofe del Katrina y, tras la respuesta racista, clasista y criminal ante ella, por la crisis de legitimidad y eficacia que está sufriendo el proyecto imperialista estadounidense. Los fracasos externos (en Iraq y parte de América latina, sobre todo) e internos (con el descenso de popularidad de Bush y el resurgimiento del movimiento antirracista y contrario a la guerra) de su estrategia de primacía global no pueden ser ya ocultados por los grandes medios de comunicación y el temor a una mayor inestabilidad política y social se extiende entre los poderes dominantes. A todo esto se suma una crisis energética que anuncia el fin del petróleo barato y que, más allá de los beneficios que ello supone para las grandes multinacionales de ese sector, fomenta una mayor competencia entre los distintos polos de la tríada imperial por el control de las vías de acceso a zonas clave como el Golfo Pérsico-Arábigo y Asia Central. Y en fin, como era previsible, los atentados mortales e indiscriminados de las redes transnacionales que tienen como referente a Al Qaeda no hacen más que alcanzar a nuevos países como Inglaterra y Egipto.
La respuesta del fundamentalismo neoconservador a esta tendencia al declive del imperio USA no parece llevarle, sin embargo, a una revisión de su “guerra global permanente” sino todo lo contrario. Una prueba reciente de esto es la aprobación de un documento del Pentágono, titulado “Doctrina de Operaciones Nucleares Conjuntas”, en marzo de este año, en el que se sostiene que “la continua proliferación de armas de destrucción masiva y los medios para emplearlas aumenta la posibilidad de que algún día sean usadas por un Estado o un terrorista (...). En estos casos puede fallar hasta la disuasión basada en la amenaza de destrucción masiva, por lo que EEUU debe estar dispuesto a usar armas nucleares si es necesario”; en ese mismo texto se precisa que la orden de empleo de esas armas dependería sólo del Presidente de EEUU. La amenaza de una guerra nuclear vuelve a convertirse así, como en los años 80 del pasado siglo, en una pesadilla con la que habrá que convivir y que un día podría hacerse realidad de la mano de fanáticos como Bush.
Paralelamente, el desmantelamiento de los derechos sociales y la vulneración de libertades básicas siguen su camino en nombre de la “competitividad” y de la “lucha contra el terrorismo”, no sólo en EEUU sino también en la Unión Europea. Los discursos de Blair como presidente de turno del Consejo Europeo y sus últimas propuestas tras el atentado del 7-J, que llevarían incluso a la revisión del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, confirman de nuevo la obsesión por seguir el “modelo americano” y su firme apuesta por una concepción militar-policial y racista de la “seguridad” frente a la “libertad”; ejemplos de esto último no faltan, ya se trate del “error” del asesinato del inmigrante brasileño De Menezes en Londres, de los “campos de internamiento” fuera incluso de la UE para inmigrantes o de la tendencia a extender la categoría de “sospechosos” a grupos cada vez más diversos dentro de nuestros espacios urbanos y de comunicación.
Lo peor es que los otros gobiernos de la UE, incluido el de Zapatero, no están poniendo reparos importantes tanto a la estrategia de Bush como a las propuestas de Blair. Parece como si se hubieran olvidado ya del mensaje que transmitió el NO mayoritario y popular en los referendos francés y holandés sobre el Tratado Constitucional Europeo. Porque el rechazo a un proyecto calificado como antidemocrático y neoliberal sigue todavía vivo y el proceso que va desde las movilizaciones contra la directiva Bolkenstein en octubre hasta el Foro Social Europeo de abril en Atenas, pasando por las previstas contra el AGCS y la OMC, tiene que contribuir al objetivo de parar las políticas neoliberales y autoritarias y a hacer creíble un proceso de refundación social y democrática de la UE.
...Y UNA “SEGUNDA TRANSICIÓN” QUE NO LLEGA
En el Estado español entramos ahora en una etapa en la que, tras la retirada de las tropas de Iraq y los avances logrados en el reconocimiento de determinados derechos civiles, parece ir agotándose el discurso del “talante” y se impone la necesidad de responder a las cuestiones centrales de la vida política. En el terreno social, la sumisión del gobierno a los límites marcados dentro de la UE (incluso siendo más fundamentalista que otros gobiernos respecto al Pacto de Estabilidad y al “equilibrio presupuestario”) no anuncia discontinuidades significativas respecto a los Presupuestos aprobados en años anteriores por los gobiernos del PP y del propio PSOE ni una política fiscal distinta que vaya más allá de rebajas para las “clases medias” y más impuestos indirectos; mientras tanto, prosiguen las “deslocalizaciones” y aumentan los beneficios empresariales y las presiones de la CEOE para abaratar los despidos y dar pasos adelante en la privatización de las pensiones, sin que los sindicatos mayoritarios salgan de su pasividad. Las reformas educativas son otro “test” clave, pero la preservación de los privilegios de los centros “concertados” y el temor a una confrontación con la Iglesia no permiten pensar que vaya a haber grandes cambios en la LOE.
En cuanto a política exterior y de defensa, la permanencia de las tropas españolas en Afganistán es una triste prueba de la voluntad de reconciliación con Bush, del mismo modo que la “prudencia” respecto al Sahara revela el interés prioritario por mantener la “amistad” con el régimen marroquí, ahora aumentada con la cooperación policial y judicial “antiterrorista” mientras siguen muriendo inmigrantes en el muro de la vergüenza de Ceuta y Melilla. Tampoco se entiende que fuerzas como IU legitimen con su voto una Ley Orgánica de Defensa Nacional que sigue aceptando la subordinación a la OTAN y no cuestiona el papel estratégico de bases militares como Rota o el carácter militar de la Guardia Civil.
Pero es sin duda el debate sobre los Estatutos de Autonomía y la reforma constitucional el tema estrella que ocupa la principal atención mediática. En este caso, como ya hemos manifestado en más de una ocasión desde Espacio Alternativo y Revolta Global, mucho nos tememos que finalmente sea una “segunda frustración” la que termine imponiéndose frente a la oportunidad real de emprender una “segunda transición”. Porque la pequeña historia del debate sobre la reforma del Estatut catalán demuestra que desde las primeras ilusiones en que, apoyándose en la nueva relación de fuerzas frente a un PP derrotado, se pudiera forzar una propuesta que fuera más allá de los límites marcados por la Constitución de 1978 –elaborado, como se sabe, bajo la vigilancia permanente de la jerarquía militar y el Rey-, se está llegando a un punto en el que se está aceptando de nuevo las ya estrictas reglas del juego establecidas en la “primera transición”.
La resignación del gobierno tripartito de Maragall ante el dictamen del Consell Consultiu y, por tanto, a que sea la interpretación jurídico-formal la que prevalezca frente a lo que debería ser una apuesta política por un pacto federal plurinacional desde el respeto al derecho de autodeterminación de Catalunya, supone un retroceso grave que anticipa nuevas concesiones al Parlamento español en el caso de que finalmente sea aprobado con mayoría suficiente en Catalunya. Tanto el PP como un ala significativa del PSOE coincidirán probablemente en esa tarea y es de temer que ni siquiera IU, tras el espectáculo que ya dio en el debate sobre el Plan Ibarretxe, levante la voz de la protesta en defensa de los derechos nacionales de Catalunya y de un federalismo republicano, plurinacional y solidario..
Es cierto que las discusiones sobre el modelo de financiación crean mucha confusión en estos procesos de reforma y que detrás de algunas propuestas existen intenciones de sectores de las elites autonómicas que tienen más que ver con un federalismo competitivo que con el solidario. Pero la respuesta desde la izquierda no puede estar en negar el mayor autogobierno posible en estas materias sino, como se hace ya desde la izquierda sindical vasca, en exigir que las competencias conquistadas sirvan para aplicar políticas fiscales progresivas que contribuyan a una redistribución de la riqueza a favor de los y las de abajo, a un acceso efectivo a derechos sociales y servicios públicos fundamentales del conjunto de las personas residentes –incluidas las inmigrantes- y a hacer esto extensivo al conjunto del estado mediante fórmulas justas de solidaridad interterritorial.
En cuanto a Euskadi, la posibilidad de reabrir el debate sobre una nueva propuesta de Estatuto sigue condicionada por la evolución de un proceso de paz en el que, pese a la tregua práctica de ETA, el gobierno y el poder judicial no acaban de ofrecer ningún gesto de distensión, ni siquiera en relación con el acercamiento de presos al País Vasco o al reconocimiento de EHAK y Batasuna como interlocutores. Frente al marcaje estrecho del PP, del ala Bono-Ibarra del PSOE y de la “Brunete mediática”, sólo una mayor presión desde la mayoría del Parlamento Vasco y de la ciudadanía –vasca y, en todo lo posible, española- podrá forzar a Zapatero a convertir su retórica dialogante en actos concretos que faciliten el cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA. Será en ese nuevo clima político donde quizás pueda exigirse con mayor fuerza que la “segunda transición” empiece efectivamente. Una “segunda transición” que, por cierto, ha de suponer también hacer el obligado ajuste de cuentas con el franquismo y el homenaje necesario a todas sus víctimas.
