Lluís Rabel

El Consejo Nacional de Esquerra
Unida i Alternativa, reunido el pasado miércoles 7 de
Septiembre en Barcelona, confirmó la orientación,
avanzada desde hacía días por su Coordinador General,

Jordi Miralles,
de apoyar el actual proyecto de Estatuto de Cataluña,
adaptándolo a las recomendaciones emitidas por el Consejo
Consultivo a fin de ajustar plenamente el texto a los parámetros
de la Constitución española. Tres miembros del Consejo
Nacional de EUiA (pertenecientes a “Revolta

Global” y al agrupamiento que se ha dado en llamar “sector
crítico del POR”) manifestamos nuestro desacuerdo
con esa línea, por considerar que lleva a la izquierda
transformadora a un callejón sin salida. Como lo
explica la resolución alternativa que propusimos y que
reproducimos a continuación, la idea – pretendidamente

“realista” y “sensata”, dada la actual
correlación de fuerzas políticas y sociales – de
obtener por esa vía un progreso significativo para Cataluña
se revela totalmente ilusoria. La Constitución monárquica
no reconoce la soberanía de las naciones ibéricas. Las
competencias que se detallan en el proyecto estatutario no pueden ser
realmente “blindadas” – como tampoco puede serlo la
financiación autonómica – frente a un Estado que

“cede”, y por lo tanto puede retomar, las primeras y
sigue teniendo el control de la fiscalidad.
Sin libertades políticas y sin instrumentos para hacer
efectivos los derechos proclamados, estos representan tan sólo
un deseo, pero no constituyen en modo alguno una conquista efectiva.
Peor aún: ese camino “posibilista”
que propugna el gobierno tripartito y que hace suyo EUiA...
aleja la perspectiva de un cambio constitucional democrático.
¿En nombre de qué lo exigiría una Cataluña

“satisfecha” con su nueva carta autonómica?

La mayoría dirigente de EUiA,
encabezada por el PCC, se equivoca
gravemente al empecinarse en seguir una orientación tan
desmovilizadora. Se había dicho que,
tras la derrota de la derecha en Cataluña y a nivel estatal,
se abriría paso a una “segunda transición”.
Hoy por hoy, parece que vamos de cabeza a una segunda frustración.
La unanimidad de los partidos de izquierdas y de los sindicatos
mayoritarios a la hora de embellecer la realidad acabará

pasándonos factura cuando dicha realidad, decepcionante,
termine también por imponerse. ¿Que el problema más
acuciante es defender al tripartito frente
a la derecha? Un gobierno de izquierdas sólo puede defenderse
haciendo políticas progresistas, diciendo la verdad al pueblo
y recabando su apoyo activo. Las cesiones ante las multinacionales y
las prácticas social-liberales van minando la confianza de la
clase trabajadora. La subordinación al marco jurídico
del régimen vigente permite que la burguesía nacional,
que ha sido durante años su valedora, vuelva a arroparse con
la senyera. Así no es posible
hacer avanzar al movimiento obrero. Así no construimos ninguna
alternativa.

Sin embargo, lo más
lamentable de la reunión – aunque en realidad no
sorprendió a nadie – fue la actitud del POR. Pues, lejos
de esforzarse por reconducir esa orientación de la mayoría,
se dedicó a confortarla del modo más injustificable.
En efecto: el POR empezó presentando un proyecto de resolución
propio y notablemente crítico que denunciaba la adaptación
del Estatuto al dictamen del Consejo Consultivo, decía
que “el intento de vía catalana estatutaria...
conducía a un callejón sin salida”... y
afirmaba solemnemente que “el Estatuto constitucional choca
con las necesidades de Cataluña”. Pues bien, apenas
iniciado el debate, el portavoz del POR anunció que retiraba
su resolución (transformándola en una simple

“aportación a la discusión de la
organización”)... y se adhería al texto
propuesto por el Coordinador. ¿La justificación de
semejante vuelco? Esencialmente, un punto de la resolución
mayoritaria que proponía “incorporar al Preámbulo
del nuevo Estatuto el voto particular de la Coalición ICV-EUiA
que defiende el derecho del pueblo catalán a determinar
libremente su futuro como pueblo, en paz, democracia y
solidaridad”. Es decir, una dudosa formulación que
pretende evocar el derecho de autodeterminación

sin nombrarlo... en un preámbulo carente de cualquier fuerza
normativa. ¿Acaso sería posible por medio de tamaña
estafa política suscitar la “necesaria movilización
de la población trabajadora”, repetidas veces
invocada por los dirigentes del POR? ¿Qué esperan ganar
al cabo de toda esa ceremonia de confusión? La izquierda
alternativa desde luego no gana nada con tales manejos. De hecho,
contra ella iban precisamente dirigidos, como se hizo patente en las
votaciones finales. Nuestra resolución fue rechazada con 3
votos a favor, 45 en contra y 15 abstenciones. (Conviene precisar,
por lo que se refiere al voto de los miembros del POR, que si bien
todos y todas brindaron su apoyo a la propuesta del Coordinador,
frente a nosotros se produjo una teatral “división de
opiniones”: el POR votó en su conjunto contra la
resolución alternativa... excepto sus principales
responsables, que se abstuvieron. Una copla bien conocida: los votos
estaban contados de antemano... y el gesto “magnánimo”

de unos pocos salía gratis). Así está la
izquierda. Ni que decir tiene lo que habrá que pelear hasta
llegar a renovarla de verdad...

Propuesta
de Resolución

(Presentada por

Anna Gabarró,
Diosdado Toledano – “RG”
– y Lluís Rabell)

1- El dictamen del Consejo
Consultivo sobre el actual proyecto estatutario evidencia la
imposibilidad de alcanzar las libertades, los derechos sociales y el
autogobierno que precisa la gente
trabajadora de Cataluña en el marco de la Constitución
monárquica española. Y pone de relieve, al mismo
tiempo, el fracaso de la denominada “vía catalana”.
Es decir, la pretensión de una reforma encorsetada en el orden
jurídico vigente, basada en un consenso entre las distintas
fuerzas políticas y negociada “en frío” con
el Estado en el ámbito exclusivo de sus instituciones. Ese
camino ha confundido y desmovilizado a la ciudadanía; ha
dividido a las izquierdas y ha envalentonado a la derecha burguesa.
Todo ello puede acabar por hundir incluso al propio gobierno
tripartito, generando una enorme frustración. Es necesario
cambiar de rumbo.

2- El informe demuestra que
un Estatuto ajustado a la Constitución sólo puede
significar un escarnio para las legítimas aspiraciones de este
pueblo. “Nación” sin soberanía,
competencias y financiación que dependen de la voluntad del
Estado central, materias inalcanzables – como las atribuciones
referidas a inmigración... Todo aquello que el país
necesita gestionar con criterio propio es literalmente

“anticonstitucional”. Pues bien, si la Constitución
española no puede ni siquiera dar cabida a una mesurada
reforma autonómica, eso quiere decir que se ha vuelto
imperativo cambiar esa Constitución. La discusión
sobre el hecho de saber si la vía estatutaria representa o no
la manera “apropiada” de emprender la reforma
constitucional, es un debate estéril. Para llevar a cabo una
reforma consecuente – y no puramente cosmética, como la
que propugna el PSOE – así como para obtener un buen
Estatuto sólo hay un método: la movilización
consciente de ciudadanos y ciudadanas. Y, por lo que
respecta a Cataluña, dado el peso específico
determinante que tienen en nuestra sociedad, se trata ante todo de
la implicación del movimiento obrero, de la juventud y
del tejido asociativo popular.

3- La izquierda no puede caer
en la trampa de seguir recortando sus pretensiones. Si el proyecto
elaborado por la Ponencia parlamentaria presentaba ya graves
deficiencias, las exigencias que ahora se nos plantean para que pueda
acabar siendo aceptable para el Estado lo convertirían en un
engendro inservible y peligroso. Este no es nuestro Estatuto, ni
puede ser el de Cataluña. Ceder ante tales
exigencias significaría ni más ni menos admitir que
continuasen vigentes un ordenamiento jurídico y un régimen
político opresivos e insostenibles. La Monarquía es una
herencia del franquismo. La “indisoluble
unidad de la nación española” que
proclama la Constitución de 1978 fue una garantía
concedida por las fuerzas democráticas al ejército de
la guerra civil, bajo cuya amenaza se llevó a cabo la llamada

“transición”. Al cabo de casi treinta años,
los cambios sobrevenidos en el país y en toda Europa,
combinados con los efectos de la globalización neoliberal,
hacen que las viejas aspiraciones democráticas de Euskadi,
Galicia y Cataluña, entonces
frustradas, se tornen insoslayables y se tiñan cada vez
más de un profundo contenido social.

4- Ha llegado el momento de
reivindicar la representatividad del Parlamento de Cataluña y
su soberanía nacional. Partiendo de la legitimidad que le
confiere el pueblo, el nuevo Estatuto debe proclamar de manera
irrenunciable su derecho a la autodeterminación. El
ejercicio de este derecho es inseparable de los instrumentos que
necesita la población trabajadora para cohesionarse
frente a la dictadura planetaria de las grandes multinacionales:
desde el reconocimiento de los derechos sociales hasta la defensa y
extensión de los servicios públicos; desde una
financiación autosuficiente y
solidaria, basada en una fiscalidad progresiva, hasta la
incorporación, con rango de ciudadanía, de la oleada
migratoria que está cambiando la faz de nuestro país...
Y sin olvidar la cuestión lingüística, terreno en
que, lejos de cualquier exaltación identitaria,
se trata de promover el uso del catalán como vehículo
de entendimiento y de comunicación social frente a una
realidad cada día más mestiza.

5- En lugar de esforzarnos
por hacer pasar todas esas necesidades por el filtro de una
Constitución arcaica que, manifiestamente, no puede
integrarlas, proponemos emprender el camino de la República
y del federalismo. Empecinarse en una supersticiosa lealtad
constitucional sólo puede dar alas al PP
y abandonar la enseña de la libertad nacional en manos de una
burguesía mezquina, preocupada ante todo por la marcha de sus
negocios. Cada vez que el movimiento obrero actuó así

acabó dividido y vencido. Así pues, llamamos a todas
las fuerzas de izquierdas y progresistas, no a inventarse un Estatuto
“posible”, sino a hacer posible el Estatuto que
necesitamos. Corresponde a tales fuerzas construir unitariamente
un amplio movimiento social y buscar la complicidad de las capas
populares del resto del Estado. Propondremos a ICV y al resto de
componentes del Pacto del Tinell emprender
juntos un giro decisivo: rechazar firmemente las limitaciones
constitucionales y elaborar, con el empuje y la participación
de la ciudadanía, el Estatuto progresista que
necesitamos. El próximo 11 de Septiembre, EUiA se
manifestará inequívocamente en este sentido.