POR EL RESPETO A LA SOBERANÍA DE CATALUNYA

POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS NACIONALES DE LOS PUEBLOS

Declaración de Espacio Alternativo

Pese a sus insuficiencias y autocensuras y a su adaptación a los consejos “constitucionalistas” del Consell Consultiu, la aprobación de la Propuesta de Reforma del Estatut d’Autonomía de Catalunya por el Parlament de esa Comunidad Autónoma ha provocado un rotundo rechazo por parte de un amplio abanico de sectores que va desde la derecha política y mediática, la Corona y la jerarquía militar hasta significativos sectores del PSOE y de los sindicatos mayoritarios. Detrás de esa reacción adversa se expresan, en mayor o menor grado, la identificación con un nacionalismo español históricamente incapaz de respetar la existencia de otras identidades nacionales dentro de este Estado, así como la defensa de privilegios e intereses ligados a la continuidad del “modelo” de Estado actual. Las críticas demagógicas de algunos de esos sectores a apartados discutibles dentro de esa reforma, como el referente al sistema de financiación, hechas aparentemente en nombre de la “solidaridad” y de la “unidad de mercado”, no pueden ocultar, sin embargo, su responsabilidad, complicidad o pasividad según los casos en políticas insolidarias como las que se reflejan en el creciente déficit de gasto social y en la reducida presión fiscal directa –en comparación incluso con la UE de los 15- del Estado español (incluidas las CCAA en las que gobiernan PP y PSOE), o ante las cesiones de soberanía hechas a favor de una UE reducida a un gran mercado sin fronteras para el capital, en donde el deterioro creciente de los servicios públicos y el “dumping” social y fiscal entre los diferentes países y “regiones” son la regla .

Desde Espacio Alternativo compartimos las divergencias que nuestr@s compañer@s de Revolta Global han expresado ante esa Propuesta de Reforma:, entre las que cabe destacar: el derecho de autodeterminación ha quedado reducido a una formulación ambigua y retórica, se han hecho concesiones a la Iglesia y al sector privado en la enseñanza y en la gestión de servicios sociales; se reclama el “derecho” a establecer cupos de admisión de inmigrantes y se propugna un sistema de financiación que no incluye un compromiso a favor de una mayor presión fiscal directa que contribuya a su vez a que se realice también en el conjunto del Estado y en la UE, con el fin de garantizar una solidaridad interterritorial mayor en el Estado y con los pueblos del Este y del Sur. Todo eso es criticable desde un punto de vista democrático y de izquierdas pero es a los trabajadores, a sus organizaciones sindicales y a la izquierda anticapitalista y alternativa catalanes a quienes corresponde luchar por superar esas graves deficiencias.

Pero no es nada de eso lo que está provocando la beligerancia de las fuerzas políticas y sociales mayoritarias en el Estado español. Son, en cambio, la proclamación de Catalunya como “nación” (pese al carácter cívico y plural con que es definida), la defensa –aunque suave y en un Preámbulo sin fuerza jurídica- de su soberanía y del “derecho de los ciudadanos de Catalunya a determinar libremente su futuro como pueblo”, el “excesivo intervencionismo” que, según sectores de la propia patronal catalana, se deriva del Título I, referente a derechos sociales y de las mujeres y a los deberes de los poderes públicos (pese a la generalidad con que son definidos), o la propuesta de una mayor capacidad de autogobierno, basada en el blindaje de determinadas competencias y materias y en mecanismos de soberanía compartida y de bilateralidad con el gobierno central, las cuestiones que están en el centro de su oposición a lo aprobado por el parlament catalán.. En resumen, lo que se rechaza es todo lo que supone una moderada apuesta por avanzar hacia un “proceso federalizante” no uniforme que pudiera conducir a un progresivo reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado en los ámbitos simbólico, linguïstico, institucional y competencial y al reconocimiento efectivo de una serie de derechos que permitiera una mayor adhesión ciudadana al proyecto de reforma.

El “argumento fuerte” de los sectores contrarios a respetar la decisión adoptada por amplia mayoría en el Parlament de Catalunya no es otro que la calificación del texto aprobado como “anticonstitucional”, basándose en el artículo 2 de la Constitución de 1978, según el cual “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” y sólo bajo esa condición afirma a continuación que “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Ese artículo (cuya redacción final es distinta y peor que la que aparecía en el borrador de Anteproyecto que se filtró en su día a la prensa) viene además después del primero, en el que se proclama tajantemente que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (versión que, por cierto, también era distinta y peor que la del borrador de Anteproyecto).

Efectivamente, esos artículos suponen una barrera, difícilmente salvable por mucha “lectura abierta” que se haga de los mismos, impuesta entonces por la Corona y la jerarquía militar y aceptada resignadamente por la mayoría de las fuerzas políticas en aras de un “consenso” que no fue más que una capitulación ante esos poderes fácticos. Ningún pacto de amnesia, como el que se hizo entonces, puede hacernos olvidar eso y, por tanto, pretender identificar “Constitución” con “democracia”, como se nos repite ahora, es una completa falacia. No sólo porque aquello fue el resultado de una “reforma pactada” y no de una ruptura sino porque esa “soluciòn” fue la que generó un déficit de legitimidad democrática en la Constitución que no se ha superado pese a los intentos de neutralizarlo mediante una descentralización político-admnistrativa limitada, siempre dependiente de las alianzas y conflictos entre las elites políticas y bajo la vigilancia del “centro” y del Tribunal Constitucional. Corresponde ahora superar ese déficit y si artículos como los mencionados son el obstáculo principal para reconocer la afirmación de Catalunya como nación soberana, lo que ha de plantearse abiertamente es la necesidad de profundizar la democracia mediante una reforma de la Constitución que permita reconocer en condiciones de igualdad todas las identidades nacionales existentes dentro del Estado español. Pero ya sabemos que eso es lo que sin duda no quieren hacer quienes se empeñan en imponer su tesis de que la “única nación” existente en este Estado es la española; en el mejor de los casos, se avanza la posibilidad de un nuevo fraude mediante el reconocimiento de naciones “secundarias” o “culturales”, siempre subordinadas a la española, negándoles así su vocación política.

En otros apartados y artículos de la Propuesta de Reforma es evidente que también aparecen conflictos de contenido y de interpretación respecto de una Constitución que se quiere utilizar ahora como “camisa de fuerza” para ir desnaturalizando lo aprobado en Catalunya. Por eso la disposición de Maragall y el PSC a entrar en una carrera de rebajas y recortes a la reforma estatutaria con los dirigentes del PSOE e incluso del PP conduciría a entrar en una trampa que no haría más que frustrar las esperanzas de avanzar hacia una “segunda transición” verdaderamente democrática que debería conducir a un nuevo proceso constituyente.

Este es el momento en el que hay que propugnar abiertamente la necesidad de acabar con este problema heredado del franquismo y no resuelto en la “transición”. Pero para ello hace falta, al igual que está haciendo la derecha, una movilización extraparlamentaria y también institucional de toda la izquierda y de todas las personas defensoras de los derechos democráticos fundamentales capaz de forzar al gobierno de Zapatero a no dejarse intimidar por la beligerancia del PP, los diversos poderes fácticos y el nacionalismo español reaccionario todavía presente en las filas del propio PSOE, demostrando así al pueblo catalán que no está sólo en su lucha. Porque también el pueblo vasco sigue proclamando abiertamente su voluntad de autodeterminarse y decidir libremente su futuro: de cómo se resuelva el debate sobre el Estatut catalán dependerá mucho la posibilidad o no de alcanzar más adelante una solución política del conflicto vasco.

Izquierda Unida, en tanto que única fuerza de izquierda transformadora de ámbito estatal con presencia parlamentaria, tiene una especial responsabilidad en el desarrollo de una amplia labor de explicación y solidaridad con Catalunya, Euskadi y otros pueblos que aspiren al reconocimiento de sus derechos nacionales, esforzándose así por contrarrestar la campaña de intoxicación mediática, el fundamentalismo constitucional del PP y de sectores del PSOE y las incomprensiones que entre sectores de la izquierda social se están manifestando frente a esas demandas. Sólo por ese camino, el que ha de conducir al respeto del derecho de autodeterminación y, si así lo deciden, a la libre unión entre todos los pueblos que forman hoy parte del Estado español en torno a un proyecto federalista y republicano, se podrá alcanzar un nuevo marco político en el que también el conjunto del movimiento obrero y los distintos movimientos sociales alternativos, respetando su propia diversidad nacional y cultural, ahora enriquecida con las gentes trabajadoras procedentes de otros países, puedan luchar mejor por sus derechos sociales, políticos y culturales.

En resumen, la lucha por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos puede y debe ir unida al avance en la defensa y extensión de los derechos sociales y la solidaridad entre todos ellos. La izquierda anticapitalista y alternativa tiene que jugar un papel clave en todo este proceso y esa tarea pasa hoy por exigir el respeto a la soberanía de Catalunya y la necesidad de cambiar esta Constitución con el fin de poder garantizar efectivamente los derechos nacionales y sociales fundamentales para todos los pueblos y personas.

Octubre 2005

http://www.espacioalternativo.org