Revolta Global A partir del 2 de noviembre, fecha en la que se iniciará previsiblemente el debate del nuevo estatuto en el Congreso de los Diputados, las aspiraciones nacionales y sociales de Cataluña, recogidas en un proyecto moderado, autocensurado y pasado por el filtro del dictamen del Consejo Consultivo, será sometido a un juicio político implacable por parte del nacionalismo español y de sus representantes.
El clima político generado después de la aprobación del proyecto por el Parlamento de Cataluña por una mayoría del 89% de los diputados y diputadas, donde no han faltado los pronunciamientos contrarios de todas las instituciones neutrales del Estado (Corona, Ejército, Banco de España...) nos hacen temer lo peor. Descartado, por inviable, un pacto global PP-PSOE, el gobierno Zapatero utilizará la intoxicación de los medios de comunicación y la presión de la derecha y de los barones del PSOE para obtener de los parlamentarios catalanes nuevas renuncias que legitimen el recorte y las mutilaciones que dejarán desfigurado el nuevo estatuto.
Nos preocupan especialmente las primeras reacciones de los partidos catalanes (y en particular del gobierno tripartito), atemorizados ante la sola posibilidad de no obtener algún fruto inmediato después del proceso tortuoso seguido en Cataluña, que ha puesto a prueba la paciencia de la ciudadanía. Desde el presidente Maragall, que reconocía errores en el proyecto (sin precisar cuáles), hasta el consejero Saura (definiendo el proyecto como una propuesta de máximos), pasando por el propósito del PSC de auto enmendar el texto, todos parecen más dispuestos a hacer piña con Zapatero (y con sus intenciones quirúrgicas) que no a defender con firmeza el proyecto del Parlament.
Durante el largo proceso de elaboración en Cataluña, desde Revolta Global hemos reclamado la incorporación, con plenas garantías, al texto articulado, de los derechos nacionales, cívicos y sociales para toda la población de Cataluña, sin exclusiones. Acabado el proceso, las insuficiencias del documento son evidentes, como la renuncia al derecho de autodeterminación, la formulación genérica y sin garantías de los derechos sociales, la exclusión de la población inmigrante de los derechos políticos, una formulación más que confusa del carácter laico de la enseñanza y un sistema de financiación que no garantiza una política social justa, basada en la progresividad fiscal y el fortalecimiento y ampliación de los servicios públicos.
Estas críticas, que reiteramos, y otras que se puedan formular desde los movimientos y desde el tejido asociativo, no nos debe hacer olvidar que solo la población de Cataluña está legitimada para modificar el proyecto de estatuto. Ceder en estos momentos ante la ofensiva de la derecha y del españolismo, y aceptar nuevas rebajas en el documento estatutario, representaría no únicamente limitar el autogobierno de Cataluña; sería frenar los intentos que desde Euskadi y otros puntos del Estado se están haciendo por avanzar hacia un modelo plurinacional, respetuoso con la diversidad y con el derecho de los pueblos a decidir su futuro.
Ante las dudas y vacilaciones de los representantes políticos, es hora de hacer pronunciamientos claros desde la sociedad civil. Los sindicatos y entidades que han dado apoyo al proyecto, las plataformas cívicas que se han pronunciado por un estatuto más ambicioso y las organizaciones de izquierda e independentistas, con las que compartimos muchas críticas al proyecto, deben saber confluir para defender la soberanía del Parlamento de Cataluña.
También es el momento de estrechar relaciones con los sectores de izquierdas de todo el Estado, de demostrar firmeza en las convicciones democráticas y de hacer frente al alud de demagogia y, muy particularmente, al uso fulero y sin escrúpulos de conceptos como igualdad y solidaridad por parte de aquellos que han favorecido que la distribución personal de la renta sea cada vez más desigual, que el sistema fiscal sea cada vez más regresivo y que la mayoría de Comunidades autónomas sufran una insuficiencia financiera creciente para hacer frente a las necesidades de gasto social, además de condenar a miles de personas inmigradas a la marginación y a la sobreexplotación. El autogobierno, la capacidad de decidir, no es ningún privilegio. Independientemente de las opiniones que puedan expresarse legítimamente, la actitud básica debe ser la de aceptar la decisión del Parlament de Cataluña.
El camino no es fácil. El proceso seguido hasta ahora en Cataluña ha favorecido la pasividad y el escepticismo de la gente. Ante la virulencia de los ataques este estado de ánimo, sin embargo, puede cambiar en poco tiempo, sobre todo si se hace una campaña unitaria en defensa de la soberanía y la capacidad de decidir del Parlament de Cataluña. Así se podrá pasar de la pasividad al posicionamiento, y de las declaraciones, a la movilización.
