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La política comunitaria del PP parece estar dominada por una maldición gitana de Felipe Gonzalez, quién pronosticó a Jose Maria Aznar que nunca estaría "entre los grandes" de la UE y que su inexperiencia le llevaria a "actitudes miopes, nacionalismos replegados o rivalidades destructoras" (El País 17-1-96 y 4-2-96). El último ministro de asuntos exteriores del PSOE, Carlos Westendorp, tras reivindicar sin falsas verguenzas en el Congreso que "España ha conseguido, desde un punto de vista diplomático, colocarse en primera división", advertia que "podemos perder en muy poco tiempo los importantes avances de la última década" (El Pais 21-12-95). Tales eran los miedos que despertaba Aznar en el imaginario del felipismo como nuevo gestor de un patrimonio de política exterior - única "politica de estado" posible para el PSOE- que situaba a Felipe Gonzalez entre los padres fundadores de la UE de Maastricht, al lado de Miterrand y Kohl.
Estas aprensiones se fundamentaban en la escasa relevancia de Aznar a nivel europeo como lider de la oposición conservadora, incluso entre sus propios correligionarios de allende los Pirineos, sus livianas intervenciones en el Congreso frente a un Felipe Gonzalez que habia hecho de la política exterior la principal preocupación de su tercer mandato y el programa electoral del PP, que recogía sin un apice de originalidad, las lineas generales de la "política de estado" del PSOE.
Pero la maldición se ha conviertido en una visión que ha dominado toda la política exterior del PP: España tiene que estar entre los grandes de la UE. Aznar tiene que aparecer en la foto de familia de los Consejos Europeos en un lugar tan destacado, sino más que Felipe Gonzalez. El imaginario del PP exige en política exterior la misma "normalización" que en política interior. Porque el PP se ve como el autentico defensor de los intereses de la burguesía española - la "marca España", como gusta repetir Aznar- frente a un PSOE siempre limitado por los residuos de su herencia ideológica o su base social.
La linea de crítica del PP en la oposición a la política exterior del PSOE, al mismo tiempo que reconocia y hacia propios los exitos como resultado de un "consenso de estado", atribuía los fracasos o carencias a la "escasa defensa de los intereses nacionales". Y ello debido a una busqueda personal de protagonismo europeo de Gonzalez -que "había sido un buen presidente para Europa, pero malo para España"-, cuando no a su supuesto anti-americanismo. La llegada del PP al gobierno eliminaría estas incoherencias y permitiría desarrollar plenamente la "política de estado".
¿Qué es "estar entre los grandes" para Aznar? No habiendo contribuido hasta la fecha ni estado en el circulo decisorio de los debates sobre el futuro de la Unión Europea, la respuesta ha consistido en obtener una cuota de poder lo más parecida posible a la de Francia, Alemania, Reino Unido o Italia, capaz de bloquear las decisiones "contrarias a los intereses de España". Esta "renacionalización" de la política comunitaria del PP ha determinado todos los otros aspectos de su politica exterior, incluidas las relaciones con EE UU.
Una "renacionalización" que ha venido en parte forzada por una intensificación de la competencia de los grandes de la UE por imponer sus propios intereses tras el periódo dominado por la Comisión Delors y que ha hecho de los Consejos Europeos el motor intergubernamental de la UE frente a una Comisión en crisis permanente o un Parlamento Europeo con muy escasa legitimidad y poder. Pero la "renacionalización" es tambien consecuencia de factores políticos internos. La visión de España que proyecta el PP en el debate europeo es la de un estado centralista en la más rancia tradición españolista, porque su principal argumento para defender su status de grande es el tamaño de su población frente a otros estados miembros y no su contribución al presupuesto comunitario o su capacidad de iniciativa política común.
La dinámica de transferencias tanto a la Comisión como a las Autonomías y los municipios mina constantemente el "control" del estado central sobre esa población y le lleva a adoptar una opción cada vez más intergubernamental y confederal de la construcción europea, por un lado, como centralista de su modelo de España, por otro. Estas opciones se refuerzan mutuamente y hace que el PP conciba el papel del Gobierno central frente a Bruselas en los mismos terminos clientelistas que achaca a la Generalitat de CiU o al Gobierno Vasco del PNV. Es decir, como distribuidor de unos fondos de ayuda estructurales "arrancados" a la UE y destinados a las Autonomias más pobres.
Esta política comunitaria y esta visión hacen agua por todos lados después de seis años de gestión del PP. Su fracaso se ha podido constatar en la batalla desencadenada antes del Consejo Europeo de Gotemburgo para mantener una parte de los fondos estructurales tras la Ampliación de la UE.
Pero la segunda conclusión que quiere defender este artículo es que una vuelta a la interpretación felipista de la "política de estado" tampoco permitiría una política comunitaria que evite que "España pierda peso". Sin otro modelo o concepción del estado español no será posible ni definir sus intereses estratégicos en terminos "realistas", "modernizadores" o simplemente "europeos" -por utilizar los conceptos ideológicos en los que se mueven tanto el PP como el PSOE-, ni contribuir como ciudadanos europeos a la construcción de una Europa democrática y socialmente progresista.
La UE –como suele recordar Aznar- es la primera prioridad de la política exterior del PP. Si el referendum sobre la OTAN de 1986 fue la base fundacional de la politica exterior y de seguridad del PSOE, la participación desde el primer momento en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria -y en el Euro-, se convirtió en el origen y razón de toda la visión exterior de Aznar.
Aznar ha repetido en diversas ocasiones que cuando el PP llegó al Gobierno, España no cumplia ninguna de las condiciones del Plan de Convergencia. Como Clinton, adoptó la consigna "¡Es la economía, estupidos!", aplicó en los presupuestos de 1997 un plan de ajuste durisimo y llegó a un acuerdo general con los sindicatos para la reforma del mercado laboral que le otorgó un margen de maniobra social sin precedentes. En la Cumbre Europea de Bruselas de mayo de 1998, consiguió situarse entre los 11 estados miembros que constituyeron Eurolandia.
La decisión final sobre el cumplimiento de los criterios de convergencia fue política, entre otras razones porque ni Alemania ni Francia cumplian estrictamente los criterios. Pero Aznar habia planteado la aplicación del Plan de Convergencia como una batalla no solo económica y política sino tambien personal, para situarse entre los grandes, con Kohl y Chirac. Cuando Prodi, entonces primer ministro del Olivo italiano, le sugirió en Valencia en septiembre de 1996 una alianza mediterranea para "flexibilizar" los criterios de convergencia, Aznar lo filtró a la prensa, en un guiño hacia Kohl y Chirac que quemó cualquier entendimiento bilateral con el gobierno del Olivo en Italia.
Aznar intentó sustentar en su aplicación personal del Plan de Convergencia un modelo ideológico conservador que le convirtiese en un lider de la derecha europea a la altura de Kohl y Chirac. Pero las antipatias personales, acrecentadas en los debates del Consejo Europeo de Amsterdam de 1997 sobre el futuro reparto de votos en el Consejo y la composición de la Comisión, lo aislaron de sus socios naturales. Un año más tarde, la mayoría de los Gobiernos de los estados miembros estaban compuestos por socialdemocratas o por socialdemocratas y verdes. El modelo conservador del PP no era asimilable en la correlación de fuerzas interna de la mayoría de los estados miembros.
O casi en la mayoría. Porque a pesar de los choques, primero con Kohl y despues con Schroder, con Prodi y D´Alema, Aznar encontró un aliado de ocasión en el nuevo laborismo de Blair para hacer frente a Jospin. Tras su victoria en Francia en mayo de 1997, el Gobierno de la "izquierda plural"intentó reabrir el debate sobre las consecuencias sociales del Plan de Convergencia en el Consejo Europeo de Amsterdam y después en el Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo sobre el Empleo. Las timidas propuestas de un plan europeo contra el paro se estrellaron contra la reforma neoliberal del mercado de trabajo de Aznar y Blair, que se volvería a plasmar en una declaración conjunta en abril de 1999.
La segunda contribución del PP al debate sobre la construcción europea tiene su origen en la negativa de Bélgica a extraditar en 1993 a dos supuestos miembros de ETA que habían pedido asilo político. En el Consejo Europeo de Dublín de diciembre de 1996, Aznar introdujo en sus conclusiones el principio de que el asilo político a ciudadanos de la UE era una contradicción con la misma pertenencia a la UE. Bélgica y otros estados miembros se opusieron a trasladar este acuerdo al Tratado de la Unión. Finalmente quedó reducido a un Protocolo, que limita la posible concesión de asilo político a los ciudadanos de la UE a aquellos casos en los que el estado miembro de origen haya cometido violaciones concretas de las libertades y los derechos democráticos. Pero el Protocolo permite el estudio de cada una de las solicitudes, tras comunicación al Consejo, paralizando de hecho las extradiciones.
A pesar de la ofensiva diplomática previa al Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999, los intentos de llegar a acuerdos bilaterales para conseguir un bloque de apoyo a un "espacio judicial europeo" fracasaron. Pero la reacción de los gobiernos europeos a la capacidad de movilización del movimiento contra la globalización capitalista, especialmente despues de Genova, y el clima creado tras los atentado terroristas islamicos en Estados Unidos han creado una nueva situación. El Consejo Europeo Extraordinario de 21 de septiembre del 2001 aprobó, entre otras medidas antiterroristas, la cración de un mandato de arresto europeo, cuya puesta en práctica tendrá lugar bajo la presidencia española de la UE.
Los debates sobre la Agenda 2000, presentada por la Comisión en julio de 1997 y adoptada finalmente en el Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999, han centrado la politica comunitaria del PP. Las reticencias a la Ampliación de la UE nacían del miedo a perder el status de "grande" de la UE y a que España quedase excluida de los nucleos duros de la cooperación reforzada en una Europa de geometría variable. La incorporación de nuevos estados miembros no solo desplazará el centro de gravedad de la UE hacia el Este, sino que implica una reforma del reparto de las cuotas de poder que situaran a España claramente en el nivel intermedio, junto a Polonia. Asimismo, amenaza -por el llamado "efecto estadistico"- con poner fin a las ayudas de los Fondos europeos. Fondos que han supuesto, junto a las subvenciones de la política agraria común (PAC), un flujo neto a favor de España de 8.000 millones de euros en el presupuesto del 2001.
La estrategia de Aznar ha sido la de condicionar los avances en el consenso comunitario sobre la Ampliación a la obtención de garantías sobre la cuota de poder de España en las instituciones comunitarias y el mantenimiento del mayor volúmen posible de los Fondos Estructurales después del 2006. Pero es dificil exigir el status de grande cuando al mismo tiempo se pide dinero y la imagen del "hidalgo pedigüeño" acaba dominando el imaginario de cómo perciben el resto de los socios comunitarios al Gobierno del PP.
Mientras se apoyaba públicamente la Ampliación, el Gobierno del PP comenzó a levantar en las negociaciones una cadena de obstaculos y condiciones que pudiera posteriormente intercambiar por sus propias reivindicaciones. De entrada, se opuso a la propuesta de la Comisión de una primera ampliación "selectiva" enfocada a Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia y Estonia. En el Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997 apoyó un marco general de negociacion de la adhesión para los once candidatos, sin fijar fechas y evaluando país a país, sin rechazar de antemano a ningún de ellos. Posición que, como es lógico, encontró el respaldo de quienes, como Blair, defendían, desde su estrategia neoliberal, la subordinación del reforzamiento institucional y político de la UE a la extensión del mercado único hacia el Este.
El pulso clave se libró en el Consejo Europeo de Berlín de 1999. Aunque los Fondos de Cohesión se redujeron a 18.000 millones de euros y los Fondos Estructurales a 213.000 millones euros para el periódo 2000-2006, España aumentó su cuota del 55% al 62% en perjuicio de los otros estados miembros receptores, rompiendo un frente que ya no se ha reconstituido. Pero el peso de estas ayudas para la propia legitimidad del Gobierno central en Madrid es decisiva: según la Comisión, el efecto acumulado en la última década ha sido un 4% del PIB. En 1999, el flujo neto supuso el 1,2% del PIB. A pesar de las críticas del PSOE por el coste político de la postura negociadora de Aznar y la reducción de un 10% en relación con lo obtenido por Felipe Gonzalez en 1992, Aznar se atribuyó personalmente un éxito sin paliativos.
El éxito se volvió a repetir en el Consejo Europeo de Niza, cuando impuso la adopción por unanimidad de los nuevos presupuestos antes de la Ampliación en el 2006, incluido el reparto de los Fondos Estructurales y de Cohesión. El "efecto estadistico" de la Ampliación supondrá que la renta per capita de España se situará por encima del 80% de la media comunitaria. A las actuales tasas de crecimiento, solo cinco Autonomías (Galicia, Asturias, Murcia, Extremadura y Andalucia) estarán en el 2006 por debajo del umbral del 75% de la nueva media comunitaria que da derecho a esas ayudas, creando una presión política y social que obligaría a una renegociación de las contribuciones fiscales con las Autonomías que hasta ahora ha sido aplazada gracias a los Fondos comunitarios.
Caben varias interpretaciones de porque Aznar decidió situar sobre la mesa a mediados del 2001 la reivindicación de las ayudas comunitarias a estas Autonomías después del 2006. Y ello a pesar del alto coste de un enfrentamiento con Francia y, sobre todo, Alemania. Aznar bloqueó durante semanas la petición alemana de un periódo transitorio de siete años tras la Ampliación para hacer efectiva la libre circulación de trabajadores a cambio de una declaración política de los quince de que se estudiará en el futuro la exigencia española. Solo Berlusconi, que había podido participar en las elecciones italianas gracias al archivo por parte de la fiscalia española de los graves cargos de los que estaba acusado por corrupción y lavado de dinero, devolvió el favor apoyando a Aznar.
Tal vez la razón de no esperar a usar el veto en el 2006, enfrentarse al resto de los estados miembros y provocar que la visita del Rey de España a Polonia en aquellos días fuese acogida con dedos acusadores de los futuros socios del Este, tenga que ver sobre todo con la situación interna de España y la propia visión de si mismo de Aznar. La crisis del proyecto del PP a un año de ganar Aznar las segundas elecciones –la perspectiva de recesión, la ruptura del dialogo social, el fracaso en las elecciones vascas- se combina con la necesidad dotarse de un margen de maniobra para las negociaciones comunitarias sobre el nuevo de reparto de competencias a las regiones en el 2004 (que no tuvo más remedio que aceptar en Niza, de acuerdo con el principio de subsidiaridad) y ser él, personalmente, quien se atribuyera el triunfo antes de las próximas elecciones generales. Pero el coste político fue tan alto, que pocas semanas después España se vio obligada a levantar el bloqueo, bajo un torrente de acusaciones y totalmente aislada.
Se trata de una lógica politica y negociadora "ultimatista" que ya demostró sus limitaciones en relación con la reforma de la PAC y las ayudas al aceite de oliva en 1998. Después de un año de bloqueo y de haber quemado todas las alianzas con el resto de los socios mediterraneos, el Gobierno del PP presentó de nuevo como un triunfo la reducción de la producción subvencionada de aceite del 52% al 48% (cuando la Comisión proponia el 40%), a 150 pts kilo (mientras Italia recibia 258 y Grecia 218) y se rechazaban todas las demás reivindicaciones sobre el resto de los productos mediterraneos. Loyola de Palacios, ministra de agricultura y responsable última de la negociación, fue premiada por Aznar con su denominación como Comisaria española en Bruselas, a pesar del incipiente escandalo del fraude del lino que investigaba ya el Tribunal de Cuentas europeo.
La batalla final por la "grandeza" del estado español se libró en el Consejo Europeo de Niza. El resultado final es conocido: España obtuvo el mismo numero de votos en el Consejo que la ausente Polonia (27 frente a 29 de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) pero a cambio de necesitar contar con dos estados miembros grandes y uno pequeño adicional para constituir una mayoría de bloqueo, perder el segundo representante -como los cuatro grandes- en la Comisión, y 14 escaños en el Parlamento Europeo (50 frente a los 72 de Francia, Italia o Reino Unido). En un marco de crisis abierta del método de toma de decisiones comunitario, con una Comisión Prodi marginada del debate y en una abierta confrontación intergubertamental en defensa de los intereses nacionales, el Financial Times (14-12-2000) reconocio que Aznar había brillado con luz propia, a pesar de no haber conseguido ninguno de sus objetivos declarados y haber quemado para mucho tiempo la posibilidad de alianzas con la mayoría de los estados miembros, a excepción de Blair y Berlusconi.
A escasos meses de que comience la Presidencia española de la UE, se desconoce cual pueda ser su programa de prioridades. No desde luego el debate sobre el futuro político de la UE, que deberá lanzar la Declaración del Consejo Europeo de Laeken en diciembre del 2001. Aznar ya ha señalado que no tenía nada que decir por el momento sobre un debate que le parecía inoportuno y que debía ser sustituido por una aproximación paso a paso, subordinada al avance de las negociaciones con los estados candidatos sobre la Ampliación.
Los primeros indicios del programa de la presidencia española fueron hechos públicos en la intervención de Aznar en la Conferencia Ambrosseti de este año, celebrada en Italia bajo patrocinio de Giovanni Agnelli, presidente honorario de la FIAT. Su punto de partida es una defensa cerrada del Pacto de Estabilidad frente a la actual situación económica, que amenaza con una recesión internacional. "La dificil situación económica actual no debe ser excusa para relajar el control de las cuentas públicas". Asimismo rechazó cualquier debate a nivel comunitario de la Tasa Tobin, propuesta por Bélgica y Francia, para defender que la mejor manera de luchar contra la pobreza es la globalización del comercio y de las inversiones extranjeras (Financial Times 3-9-01).
La defensa del Pacto de Estabilidad y de una política de ajuste neoliberal constituyeron, como hemos visto, la piedra sobre la que Aznar construyó la legitimidad para su proyecto político conservador en 1997-98, tanto en España como en la UE. Para Aznar, el euro y las políticas que lo sostienen son algo más que una estrategia de construcción de la UE, son un dogma de fe. El problema es que ello le enfrenta directamente con aquellos Gobiernos europeos cuyo déficit presupuestario no les permite utilizar los "estabilizadores automáticos" considerados en el Pacto de estabilidad: reducción de impuestos o aumento del gasto social.
Esos Gobiernos europeos son Francia, Alemania, Italia y Portugal, es decir, en el caso de los tres primeros, el motor económico de Eurolandia. Y Francia y Alemania tienen elecciones en el 2002, en las que la "izquierda plural" de Jospin y la alianza "roji-verde" de Shroder se juegan su futuro político en la gestión de la recesión económica. Pero no solo son ellos los que estan buscando una formula que permita la aplicación de una política anti-recesiva que suavice el Pacto de Estabilidad en el mismo momento de la entrada en circulación del Euro. El propio FMI y organos de opinión tan influyentes como The Economist, estan defendiendo abiertamente políticas económicas de relanzamiento de la demanda mucho más flexibles. Políticas que fueron de alguna manera la respuesta inmediata del Banco Central Europeo –en coordinación con la Reserva Federal de EE UU- al recortar los tipos de interes e inyectar miles de millones de dólares y euros en el sistema financiero para asegurar su liquidez.
Aznar, si mantiene esta actitud en los proximos meses, puede comenzar la Presidencia española de la UE polarizando al conjunto de los estados miembros y dividiendo a la Comisión sobre la política económica y social para hacer frente a la recesión. Se convertirá sin duda en el dirigente de la derecha neoliberal y conservadora de la UE, al precio de enfrentar a España a sus valedores tradicionales, Francia y Alemania, en un momento especialmente delicado de las negociaciones sobre la Ampliación y los fondos estructurales. Se trata de una estrategia que puede resultar suicida si no se produjesen cambios electorales hacia la derecha en los estados miembros más importantes de la UE. Pero el papel de Aznar durante las primeras semanas de la "nueva guerra" antiterrorista de EE UU, alineandose con los sectores más duros de la Administración Bush, en abierta alianza con Blair y Berlusconi, parecen apuntar en este sentido.
Aznar señaló tambien en la misma conferencia cinco prioridades para el Consejo Europeo informal de Barcelona: el reforzamiento de la red de infraestructuras para el transporte europeo; la liberalización del mercado de la electricidad y el gas; el reforzamiento de los mercados financieros; mayor movilidad y flexibilidad de los mercados de trabajo; y reforzamiento de la educación y la formación profesional.
De nuevo se trata de un programa llamado a la controversia. Las redes de infraestructuras exigen un aumento del gasto público y subvenciones dificilmente asumibles por muchos estados miembros. España, por otra parte, ha sido contraria hasta ahora a la politica de "corredores europeos" impulsada por la Comisión porque implica una importante transferencia del poder de decisión sobre inversiones e infraestructuras, que deberán concentrarse inevitablemente en el centro y este de Europa, más que en el Sur.
Lo mismo ocurre con la liberalización del mercado del gas y la electricidad, una competencia que sigue en manos de los estados miembros y no ha sido transferida. España y Portugal son una isla energética separada del resto de la UE por la falta de conexión con la red energética francesa. La reforma del sector energético francés, con el coste político y social que implicaría, serían la precondición para una posible liberalización de un sector que esta dominado por grandes monopolios. Alemania, por su parte, ha priorizado la negociación de un acceso a largo plazo a las fuentes energéticas rusas, utilizando a la Comisión como caballo de troya en un "diálogo energético" en el que España esta prácticamente ausente.
Una nueva política de flexibilización de los mercados laborales europeos, en un momento de cierto relanzamiento de la conflictividad sindical, de negociaciones patrocinadas desde los gobiernos social-demócratas para facilitar el proceso de reestructuración ante la recesión, parece una autentica provocación al conjunto del movimiento sindical europeo. Y el reforzamiento de los mercados financieros depende básicamente de la fortaleza del euro, que será el resultado de la ecuación de todos los otros factores señalados.
Es pronto, sin embargo, para saber como se concretará este programa, o si finalmente serán estas las prioridades de la Presidencia española. Los tres meses que quedan pueden ser testigos de muchos cambios y es más que dificil hacer predicciones, tanto por nuestra parte como de la de Aznar en la actual situación internacional tras los atentados del 11 de septiembre. Un programa más continuista, como desearían el resto de los estados miembros, volcado en finalizar las negociaciones para la Ampliación con el primer grupo de estados candidatos, desarrollar las conclusiones de Tempere hacia un "espacio judicial común", garantizar la entrada en circulación del euro, resolver el bloqueo de las negociaciones entre la UE y la OTAN para el desarrollo de la capacidad autonoma militar europea y relanzar las relaciones de la UE con los países del Mediterraneo y America Latina, parece ya más que suficientemente ambicioso, incluso para Aznar. Y mucho menos divisivo para una UE que se encuentra en la encrucijada y al borde de ser arrastrada a una guerra con enemigos y consecuencias desconocidas.
28 de septiembre del 2001.