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Realmente, la impudicia de Aznar y su gobierno no parecen conocer límites. El anuncio de nuevas medidas gubernamentales, en una mezcolanza de ingredientes populistas y represivos, en plena campaña de elecciones municipales y autonómicas, sólo se explica como un intento desesperado de recomponer, a modo de huída hacia delante, la imagen de una gestión política marcadamente antisocial, y cuestionada seriamente por la ciudadanía en la calle. Y para eso parece que todo vale.
El apoyo a la guerra petrolífera de Bush ha sido el último capítulo, pero ésa sumisión a la política de guerra, con las consecuencias desastrosas que se nos revelan estos últimos días, sólo cabe enmarcarla en la coherencia de una línea política contraria a los intereses de la ciudadanía que, por citar solamente algunos ejemplos, ha estado precedida por disposiciones legales como el Plan Hidrológico Nacional, la Ley de Calidad de la Enseñanza, el Decretazo y la gestión en la crisis del hundimiento del Prestige. Sin olvidarnos de la Ley de Extranjería, que ahora se pretende endurecer para, pretendidamente, ganar votos.
Ante la contestación social en época electoral, Aznar echa mano de su material de reserva favorito: el tema de la inmigración. El electoralismo se transforma en obscenidad ante el anuncio de la nueva Ley de Extranjería, que se prepara para el próximo viernes, último día de campaña electoral, y que viene a endurecer gravemente la anterior, ya de por sí represiva. (Ver mi artículo en UH de 5-2-93 Llei destrangeria: la lepenització del PP).
El convertir en Ley el mismo día 23 de Mayo (último día de campaña electoral) los 11 artículos del antiguo reglamento de la Ley de Extranjería, que ya fueron anulados por el Tribunal Supremo por entender que venían a endurecer la propia Ley, no sólo no dará solución a ninguna de las necesidades de las personas inmigrantes, sino que aumentará significativamente la precariedad de su situación: Las limitaciones a la libre circulación, los impedimentos a la reagrupación familiar, el incremento de los mecanismos de expulsión, las nuevas dificultades en la tramitación de los permisos de trabajo, y el aumento de la represión sobre las personas que sean detenidas en las pateras son sólo algunos de los apuntes de la nueva vuelta de tuerca de ésa política de extranjería, no sólo racista e inhumana, sino también insensata e inútil respecto al fin que se dice pretender...
En un país donde son necesarios los inmigrantes, tanto por razones laborales como demográficas, las disposiciones represivas en materia de inmigración son un auténtico contrasentido. Y un auténtico crimen, si no olvidamos que casi cada día mueren personas en Canarias y en el Estrecho. Es el Gobierno quien fomenta la ilegalidad: por un lado al propiciar las actuaciones de las mafias ante la ausencia de políticas de acogida, y por otro, con la lentitud, desidia y desprecio en ocasiones, a la hora de tramitar los expedientes. En ésas circunstancias, miles de inmigrantes, y sus familias, son explotados laboralmente de manera ilegal y sistemática, sin que por una parte se tenga al más mínimo interés por reprimir los abusos ni que, por otra parte, se les reconozca y garantice a estas personas, en muchas ocasiones, los derechos básicos de trabajo, vivienda, salud y educación.
Las fuerzas políticas de izquierda y los movimientos sociales no podemos limitarnos solamente a recomendar no votar al PP, por conducta antisocial, el próximo día 25. Es necesario, además, recomponer la perspectiva con respecto a la inmigración: la izquierda política debe asumir el compromiso de debatir y consensuar con los movimientos sociales, y con los propios inmigrantes, el diseño y puesta en práctica de medidas eficaces de acogida, que erradiquen el mercado clandestino y las mafias. Hay que rechazar contundentemente las leyes de extranjería del PP, priorizar la defensa de la dignidad de las personas, y el respeto a sus derechos como seres humanos, con el fin de erradicar la precariedad, en el trabajo y en la vida cotidiana. Con la precariedad de los inmigrantes todos somos más precarios. El valor del ser humano ha de prevalecer sobre los mezquinos intereses políticos de los que pretenden obtener réditos electorales a costa del sufrimiento ajeno.
21 de Mayo de 2003.
Pep Juárez es Secretario General de la CGT-BALEARS.