Josep Cruelles

Josep Maria Antentas y Esther Vivas

Las últimas semanas han sido testigo de una situación de creciente tensión política en Bolivia relacionada con el proceso de la Asamblea Constituyente que ha comportado la realización de varios “paros cívicos” impulsadas por las fuerzas de derecha, con la ciudad de Azúcar como epicentro.

El tema de fondo que ha atravesado los debates de la Constituyente y polarizado la vida política desde el comienzo de julio ha sido la campaña impulsada por la oposición al gobierno de Morales para trasladar la capitalía del país de la ciudad de Paz (sede de la ejecutivo y el legislativo) a la ciudad de Sucre, actual sede del poder judicial, y antigua capital del país hasta la año 1899.

El detonador final de esta crisis fue la decisión del grupo parlamentario del MAS a la Asamblea Constituyente de eliminar el debate sobre esta cuestión de las sesiones de la Constituyente, intentando cerrar así el asunto.

Este debato se entrecruza con la polémica por la decisión del gobierno de llevar a juicio a cuatro miembros del Tribunal Constitucional por prevaricación. Este hecho ha sido utilizado por la derecha como pretexto por acusar al ejecutivo de Evo de deriva autoritaria y desencadenar una estrategia de movilizaciones desestabilizadoras.

Los acontecimientos de estos últimos días muestran que la derecha ha conseguido imponer, al menos parcialmente, su agenda política desde hace meses en la vida política del país y marcar el ritmo y ha conseguido, de forma temporal, parar los trabajos de la Constituyente (que decidió suspender sus sesiones por la carencia de condiciones de seguridad mínimas para los suyos miembros en Sucre, la ciudad dónde se reúne, en el contexto de las protestas de la derecha).

La gestión del gobierno de Evo

El gobierno de Evo inició su mandato el 22 de enero del 2006 como consecuencia de su victoria electoral el diciembre del 2005, después de un largo periodo marcado por las movilizaciones sociales y populares iniciado la año 2000 en la denominada “guerra del agua” en Cochabamba.

Evo obtuvo el mejor resultado de cualquier presidente electo en la historia del país, con un 53% de los votos. Su gobierno representa un “nacionalismo indígena” reformista que intenta llevar a término un proyecto político “antineoliberal” que se puede calificar de *neodesearrollista “” (aunque no utilice este término y que quiera marcar distancias con el desarrollismo clásico).

Se basa en un reforzamiento del papel y del control de la Estado sobre la economía y sus sectores clave, en una mayor distribución de la riqueza, y en el intento de relanzar la economía del país buscando aquello que el vicepresidente Álvaro Garcia Linera denomina un “choque productivo”.

Se trata de reactivar el tejido productivo del país buscando la complementariedad de sus tres grandes componentes: el moderno-industrial, el comunitario y el familiar (formado por microempresas). El mismo Garcia Linera ha definido a menudo este proyecto como el de la búsqueda de un “capitalismo andino”.

El gobierno, en este año y ocho meses de gestión, ha intentado llevar a término una agenda “antineoliberal” que ha oscilado entre la conciliación (con la derecha y las élites económicas) y la radicalidad. Ha habido tensiones permanentes entre los sectores más radicales y los más pragmáticos del gobierno.

Estos últimos parecen ser los que han ido imponiéndose progresivamente en su interior, tal y como simboliza la salida del gobierno del antiguo ministro de hidrocarburos Andrés Soliz Rada el septiembre del 2006.

La Asamblea Constituyente

La convocatoria de una Asamblea Constituyente era uno de los dos grandes imperativos, junto con la nacionalización de los hidrocarburos, que tenía el nuevo gobierno de Morales. La demanda de una Asamblea Constituyente expresaba los anhelos de una refundación (aun cuando imprecisa) del país en un sentido favorable a los sectores populares y, en particular, indígenas.

Si bien el gobierno de Evo ha cumplido la promesa de convocar una Constituyente, la estrategia seguida ha sido muy desconcertante y con importantes errores de fondo que explican el empantanamiento actual.

Lejos de aprovechar la coyuntura creada tras su victoria electoral aplastante y la inmensa legitimidad por convocar a una Constituyente en términos favorables a los intereses de las organizaciones populares e indígenas, el gobierno optó por una convocatoria a través de una ley específica, el contenido de la cual es considerado por amplios sectores de la izquierda boliviana muy malo.

La ley no contemplaba la posibilidad de representación directa de organizaciones populares en la Constituyente, dificultaba mucho la formación de agrupaciones de electores al margen de los partidos existentes y requería una mayoría de dos tercios para la aprobación del nuevo texto.

Este último elemento resucitó políticamente la oposición de derechas. Gracias al sistema electoral vigente, esta obtuvo más de un tercio de los miembros de la Constituyente en las elecciones de julio del 2006 (lo cual era perfectamente previsible), adquiriendo por lo tanto la posibilidad de ejercer un veto en la toma de decisiones de este órgano.

Las limitaciones del gobierno

La Constituyente empezó sus trabajos la agosto del 2006. Rápidamente sus actividades se empantanaron en largas polémicas procedimentales y de funcionamiento que duraron hasta el febrero de este 2007. Y en todo este periodo posterior ha transmitido una sensación de parálisis y bloqueo.

Su incapacidad por culminar los trabajos en el plazo previsto (el 6 de agosto del 2007) trajeron a la aprobación de una prórroga de sus sesiones hasta el 14 diciembre. En este contexto, el clima y las expectativas sociales en torno a la Asamblea Constituyente se han ido enfriando.

Aun cuando el texto que saldrá (si puede culminar finalmente sus trabajos) significará mejoras respeto a la Constitución actual, el alcance de los cambios posibles se ha ido recortando significativamente.

El proceso de la Asamblea Constituyente muestra las contradicciones y los límites estratégicos de los planteamientos del gobierno del MAS.

La derecha ha sido capaz de marcar la agenda y el ritmo del debate político, y traerlo al terreno parlamentario-institucional-mediático, en el cual se mueve perfectamente. Al mismo tiempo, ha acompañado su estrategia de bloqueo y confrontación institucional con una estrategia de desestabilización en la calle (sin llegar, pero, por el momento a una polarización tan fuerte como la de Venezuela el 2002, aun cuando la tensión creciente de las últimas semanas marca un punto álgido en esta dinámica).

El gobierno se ha mostrado atrapado en su propia apuesta por encarrilar los cambios políticos por una vía parlamentarista-institucionalista “ordenada”, y por su compromiso con una “salida pactada” a los conflictos sociales de fondos que han atravesado el país.

Después de una primera respuesta contundente a la campaña sobre el traslado de la capitalía, con la convocatoria de un masivo “Cabildo” el 20 de julio a Paz que congregó dos millones de personas, el gobierno de Morales ha sido incapaz de enfrentarse a la derecha con una radicalización de su política de transformaciones y con una sostenida movilización popular desde abajo.

La decisión de movilizar fuertemente los movimientos sociales en defensa de la Constituyente y de no trasladar la capitalía el día 10 a la ciudad de Sucre son decisiones que van en la dirección adecuada. Pero expresan más una estrategia reactiva a la presión de la derecha que no paso una orientación de fondo.

Las perspectivas de futuro

En este escenario, por salir de la callejón sin salida actual es necesario un giro en’l orientación estratégica del gobierno. Habría’d profundizar los cambios sociales y económicos progresistas, y salir de la dinámica parlamentarista-institucionalista y de la agenda política definida por la derecha en beneficio de una política que se apoye en la movilización de los sectores populares.

Por otra parte, estos sectores necesitan volver a la calle y reforzar su organización, movilizándose contra la derecha y, simultáneamente, empujando el gobierno del MAS a ir más allá de los límites que hasta ahora no ha sido dispuesto a franquear, para avanzar hacia una perspectiva de transformación socialista.